La Confederación Española de Comercio ha denunciado que el llamado Sistema de Devolución, Depósito y Retorno de envases (SDDR), consistente en la gestión de envases de un solo uso, supondría al sector unos costes económicos anuales superiores a 500 millones de euros, según ha afirmado el organismo en un comunicado.
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Así, ha añadido que este principio, recogido en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, especialmente, podría ser un "grave perjuicio" para el pequeño y mediano comercio puesto que implica que los envasadores realicen un depósito para cada envase de un solo uso que ponen en circulación, por lo que los comerciantes pagarían a los productores al realizar sus pedidos el coste del producto más el depósito.
Además, ha recalcado que el consumidor tendría que pagar un depósito por el producto, que le sería reintegrado al devolver el envase en el comercio, y ha insistido en que el 905 de los establecimientos donde se venden productos incluidos en el SDDR no dispondrían ni de espacio suficiente ni recursos necesarios para equiparse con máquinas para la recogida de los envases, por lo que tendrían que gestionar la devolución de forma manual.
También ha asegurado que esa gestión manual, que conlleva importantes gastos adicionales en espacio de almacén o tienda, horas de empleados dedicados a esta tarea o gastos de transporte, supondría para el pequeño comercio un coste diez veces superior al de las grandes cadenas de distribución comercial.
Por otra parte, ha destacado que la experiencia de países que ya lo han instalado afirma que los clientes que devuelven envases vacíos cuando van a hacer la compra, compran hasta el 52% más que los demás clientes, pero tienden a ir a las tiendas donde tienen el mejor sistema de devolución de envases. De hecho, el 22% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar el lugar de compra a una tienda con un mejor sistema de devolución.
Por último ha insistido en que el pequeño y mediano comercio español siempre ha mantenido un compromiso con el cuidado del entorno, pro lo que ha demandado que la norma sea previamente explicada y consensuada "para evitar daños irreparables en un sector ya de por sí muy afectado por la actual situación económica del país". Y ha solicitado a los distintos grupos con representación en el Parlamento una reunión para trasladarles la inquietud del sector y buscar una posible solución.
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