El Ministerio de Industria permitirá que los precios de la electricidad dejen de ser iguales para todos los clientes domésticos.
El departamento que dirige Miguel Sebastián ha incluido en el borrador de la trasposición de la directiva eléctrica la posibilidad de que los impuestos autonómicos se repercutan a los ciudadanos de dichas comunidades e incluso que los municipios que establezcan gravámenes sobre las actividades eléctricas o sobre las instalaciones (parques eólicos, fotovoltaicos, redes, subestaciones, etc.) tengan también precios diferenciados.
En los documentos, a los que ha tenido acceso elEconomista, se abre la puerta a la repercusión de estos tributos, ya que el Gobierno considera que hay que adaptar la normativa a la situación actual. La aprobación de esta medida permitirá que ya en cinco comunidades autónomas puedan tener precios diferentes. Se trata de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y, previsiblemente, Castilla y León, que tienen encima de la mesa o aprobados impuestos sobre la actividad eléctrica.
Además, en el borrador se explica que si existe algun tipo de instalación gravada con tributos autonómicos o locales, cuya cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, se podrá cargar al peaje de acceso (alrededor del 50% del recibo), un suplemento que cubrirá el sobrecoste provocado.
El Gobierno ha previsto para que exista una mayor transparencia en los precios que se desglosen los importes que corresponden a los costes de diversificación y seguridad de garantía de abastecimiento y permanentes del sistema y los tributos que graven el consumo de electricidad, así como los suplementos territoriales cuando correspondan.
Propuesta de la CNE
La Comisión Nacional de la Energía abrió la puerta a Industria para que impusiera este suplemento territorial a las autonomías que hubiesen creado un tributo que grave, o bien a las centrales de algunos tipos de tecnologías, o bien ciertas instalaciones que crean controversia, tales como centrales nucleares o los almacenamientos de residuos radiactivos.
La única condición que exigió el regulador energético y que ha sido atendida, tal y como adelantó elEconomista, es que e ste suplemento se desglose en la facturación al usuario para que se mantenga un principio de transparencia, así como el de unidad tarifaria que afecta a los peajes y a la tarifa de último recurso.
Sobre este aspecto, la CNE apunta que el hecho de que el suplemento recaiga sobre el peaje o la tarifa de último recurso (o sobre ambos) dependería de las actividades eléctricas que sean gravadas. Así, si se grava alguna de las actividades reguladas, el suplemento recaería sobre el peaje y, si se grava una actividad liberalizada (como la generación), el suplemento recaerá sobre la tarifa de último recurso que pagan los consumidores de dichas regiones.
Hidrocarburos
Por otro lado, en el borrador de directiva sobre hidrocarburos, el Gobierno obliga a la Corporación de Reservas Estratégicas a mantener reservas de gas natural.
En el borrador de trasposición de la directiva de hidrocarburos se establecen cinco objetivos básicos: reforzar la independencia de la CNE, simplificar el procedimiento para la concesión de permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos, fomentar el uso del gas obtenido de la biomasa, establecer el desarrollo de un mercado organizado de gas que dotará de una mayor liquidez y transparencia al mercado y, por último, reforzar la independencia de la actividad de transporte de gas frente a la comercialización.
Multa histórica a las eléctricas
