MADRID (Reuters) - El Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de la una ley de cuidados paliativos y muerte digna, que tiene como objetivo evitar un sufrimiento innecesario a los pacientes en sus últimos momentos de vida.
La normativa pretende regular la etapa en la que el paciente entra en fase terminal o de agonía, cuando los médicos descartan ya expectativas de curación, además de ofrecer una mayor seguridad jurídica a los profesionales sanitarios.
"El Gobierno quiere asegurar prestación asistencial de calidad y equitativa en la fase terminal de la vida y en fases de agonía y vamos a asegurar el ejercicio de estos derechos con pleno respeto a la voluntad de los pacientes para que esta etapa final de la vida pueda ser afrontada con dignidad, con la mayor calma posible y con el menor sufrimiento", dijo la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El proyecto, que ya fue ya fue anunciado a principios de año por la titular de Sanidad como parte de sus líneas de trabajo para lo que resta de legislatura y que llegará al Congreso de los Diputados en junio, no despenalizará la eutanasia ni el suicidio asistido.
"Sólo asegura que la intervención sobre el paciente evite un sufrimiento innecesario", agregó Pajín, que dijo que las situaciones difíciles ligadas a la etapa final de la vida afectan a casi la mitad de las personas fallecidas en España.
La ley se aplicará mediante un registro nacional de voluntades anticipadas en el que participarán todas las Comunidades Autónomas, y se aplicará en todo el territorio nacional.
También establecerá que los profesionales sanitarios estén obligados a respetar la voluntad, las convicciones y las creencias del paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en esos momentos, a la vez que los excluye de responsabilidades.
La comunidad autónoma de Andalucía ha sido pionera en este tipo de legislación y en marzo del año pasado aprobó una norma que garantiza el derecho de un enfermo terminal a rechazar o interrumpir un tratamiento, así como los deberes de los profesionales encargados de la atención al enfermo.
Entre los derechos reconocidos se incluye la posibilidad del paciente a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
La norma andaluza no hace referencia a la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni al suicidio asistido (ayudar a morir a una persona), delitos recogidos en el Código Penal sobre el que no puede legislar un gobierno autonómico.
El Parlamento de Aragón aprobó también en 2010 una proposición para legislar al respecto.
