Cada año que pasa parece más difícil que el Sistema Nacional de Salud siga estando en pie para el siguiente. Tirando de deuda, las comunidades autónomas habían hecho frente al déficit del sistema hasta la fecha pero, ahora, esta vía aparece muerta para muchas de ellas, que buscan a la desesperada un cómo para mantener al máximo nivel las prestaciones del servicio después de que el Gobierno haya rebajado hasta el extremo el precio de los medicamentos.
En mitad de esta tormenta de consecuencias impredecibles, la patronal Farmaindustria, con Jordi Ramentol, su presidente, a la cabeza, trata de evitar que los protagonistas del sector, el más intensivo en I+D+i de nuestro país, acaben pagando el pato cuando, además, el acceso a la sanidad en iguales condiciones para todos los ciudadanos está cada vez más en entredicho.
Las medidas de contención del gasto de las comunidades, "muchas veces arbitrarias", amenazan la unidad del territorio. Las elecciones, a la vuelta de la esquina, pueden marcar un punto de inflexión.
Han logrado sellar con el Gobierno un plan sectorial que garantiza que no se volverán a rebajar arbitrariamente los precios de los fármacos. ¿Un éxito?
Desde luego. Contar con la seguridad de que no se volverán a modificar a la baja los precios de los medicamentos, que ya no podían ser más baratos, ofrece a los laboratorios la posibilidad de hacer sus presupuestos con una cierta garantía. No es normal que vendiendo lo mismo, cada vez que sale un Real Decreto como los del año pasado, ganemos mucho menos.
El problema no es el precio de los fármacos, es la infrafinanciación que se hace de uno de los grandes símbolos de España, su Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, sin las comunidades autonómas, que son quienes tienen las competencias, este plan estará ciertamente cojo.
¿Qué consecuencias han tenido sobre el sector los dos Reales Decretos aprobados el año pasado y que intervenían el precio de los medicamentos?
El impacto económico anualizado, teniendo en cuenta que no fueron aprobados en enero sino casi a mitad de año, es de 2.100 millones de euros. En términos de empleo, según los últimos datos que manejamos a nivel interno, alrededor de 4.000 empleados han perdido su puesto de trabajo. En cualquier caso, las consecuencias tendrán mayor incidencia a lo largo de este año, pues para cuando los reales decretos fueron aprobados las empresas ya tenían cerrados sus presupuestos.
¿Hay alguna previsión de cuánto podría caer el mercado farmacéutico en 2011?
Nuestras estimaciones hablan de que alrededor de un 5% de los ingresos del sector desaparecerán este año, lo que se suma al 3% de decrecimiento registrado en 2009. En total estaríamos hablando de 3.100 millones de euros. Es curioso que nosotros tengamos que caer tanto cuando se habla de un crecimiento de la economía española del 0,8% en 2011.
Al rebajarse los precios de los medicamentos, ¿se ha intensificado el comercio paralelo dentro de Europa?
Para evitar una situación de este tipo se optó por solicitar al Gobierno, y aquí sí que tenemos que reconocer su sensibilidad, que la intervención en la orden de precios de referencia se llevara a cabo por medio de un descuento equivalente y no a través de una rebaja. Si hubiera sido al revés, el resultado se habría traducido en un efecto rebote en todos los mercados europeos. El valor monetario de los medicamentos está interrelacionado entre los países, por lo que España, si hubiera actuado de otra forma, habría ocasionado un terremoto con un perjudicado claro, nuestra imagen en el exterior.
Mucho se está hablando del copago para tratar de arreglar el déficit del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es la posición de Farmaindustria en este aspecto?
A nosotros lo que realmente nos interesa es la sostenibilidad del sistema. No nos corresponde hablar de copago o de cofinanciación o de cualquier otro modelo, que hay muchos, para dar mayor viabilidad al servicio sanitario público. Eso es cosa del Gobierno.
Pero lo que nos parece claro es que algo que pesa en nuestros presupuestos un 15% no puede ser un problema. Representa demasiado como para no mejorar su financiación y poner en riesgo su mantenimiento. Está claro que para una persona enferma su salud es lo primero y no le importa que el dinero público se destine a esto o aquello mientras no suponga un riesgo para la continuidad de su tratamiento, algo que ya ha pasado en algunas comunidades autónomas, que han dejado de financiar algunos medicamentos. Con un punto porcentual más de los presupuestos se evitarían muchos problemas.
Desde el Ministerio de Sanidad se aboga por las monodosis para controlar el gasto, ¿buena o mala decisión?
Todo lo que sea el consumo racional del medicamento es algo a lo que no podemos oponernos. El ministerio paga la factura y está en su derecho. Lo que no nos gusta son las decisiones arbitrarias y sin base argumental. Se hace necesario que los dos partidos políticos mayoritarios se sienten y negocien una mayor aportación al sistema.
El Gobierno también ha recurrido el catálogo gallego que excluye varios medicamentos. ¿Cómo se toman este hecho?
El Gobierno está claro que ha visto en el catálogo una violación de los derechos constitucionales y ha decidido actuar. Pero eso no significa que se haya puesto de nuestro lado. Entendemos que las comunidades traten de ahorrar bordeando la legalidad tal y como están ahora mismo las cosas, pero creo que en el fondo no son conscientes del daño que generan a los ciudadanos y a todas las empresas que desarrollan su actividad en este sector.
Las farmacias catalanas despedirán a 3.000 trabajadores
