Defensa De la Rosa habla servicios Sarasola y su relación con Felipe González

Madrid, 22 oct (EFECOM).- La defensa de Javier de la Rosa sostiene que los 27,4 millones de dólares de cuya apropiación está acusado se destinaron a pagar varios "servicios" a KIO del empresario Enrique Sarasola, quién temía que se conocieran sus cuentas suizas por su relación con el ex presidente Felipe González.

En sus conclusiones finales dentro del juicio oral de la operación "Croesus", que se sigue en la Audiencia Nacional, el abogado de De la Rosa, Francesc Jofresa esgrimió un documento del Guyervzeller Zurnant Bank, de Suiza, en el que se afirma que "un eventual levantamiento del secreto bancario sobre estos pagos podía presentar dificultades en España por su relación con Felipe González".

En otro momento de su intervención, Jofresa preguntó por qué no se ha investigado a Sarasola -ya fallecido- sobre estos pagos y por qué no acudió a testificar a la Audiencia Nacional hasta 1998, diez años después de efectuados los abonos y cuando sabía de la prescripción del delito.

El abogado de De la Rosa desglosó los pagos y concretó que, de los 27,4 millones, 10 millones fueron por las acciones de la operación de Cartera Central y Urbanor (por la que se transmitió la propiedad de las Torres Europa a KIO), 6 millones por "salvar obstáculos" en la compra de Explosivos Rio Tinto (ERT) y 11,4 millones por intervenir en la opa sobre Ebro.

Según este letrado, testigos como el investigador inglés Jonathan Edwards, el director de inversión de KIO, Richard Robinson, o el apoderado de varias sociedades de Sarasola como Horwitz, Alvaro Álvarez, han corroborado estos abonos, que constituyen la línea de defensa de De la Rosa frente al fiscal, quien mantiene que se apropió de los fondos.

Francesc Jofresa indicó que De la Rosa llegó a adelantar dinero a KIO, como ocurrió con los 2,57 millones de dólares que facilitó para pagar un préstamo de los inversores kuwaitíes o con operaciones dentro de la opa de Torras sobre Ebro.

Además de defender la inocencia de De la Rosa, Jofresa criticó que se le haya sometido a un "calvario judicial" y una "situación torturante" puesto que se juzgan hechos sucedidos en 1988, hace casi veinte años, y la querella fue formulada por Anticorrupción hace 15 años.

La Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel para De la Rosa por apropiación indebida y falsedad en docuemnto mercantil, hechos negados por su abogado defensor, que pidió la libre absolución.

De la Rosa ha mantenido que él se limitó a firmar "con los ojos cerrados" los documentos que le presentaban los asesores de KIO y Torras -que ejerce la acusación particular-, pues en 1988 se acordó pagar a Sarasola 35 millones de dólares por las acciones y los servicios prestados en la venta de Urbanor a la firma kuwaití.

De esa cantidad, le fueron entregados 25 millones en enero de 1988 a través de la firma panameña Koolmes, mientras que los 10 millones restantes fueron incluidos en un pago en junio que sumaba 27,4 millones de dólares.

Como Sarasola se negaba a entregar "recibos" de esos pagos por "discreción", para justificar en balance esa salida de dinero se concedió un préstamo firmado con el Santander por valor de 25 millones a la sociedad gibraltareña "Croesus", que nunca recibiría el dinero y a la que se garantizó que no tendría que hacer frente a su devolución.

En un momento dado, como KIO reclamaba el dinero y Sarasola mantenía su negativa a dar recibos, el citado préstamo se consideró "fallido" para obtener beneficios fiscales y se amortizó con cargo a reservas.

De la Rosa ha asegurado que, si hubiese tenido recibos, los pagos a Sarasola se habrían contabilizado como gastos, y ha apuntado que, en su momento, no sabía nada de Croesus, utilizada presuntamente -según el escrito del fiscal- para provocar un flujo financiero a través de sociedades en Holanda, Panamá, Gibraltar y Londres, que acabarían pagando las reservas internas del Grupo Torras. EFECOM

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