Santo Domingo, 20 oct (EFECOM).- República Dominicana aguarda el fallo que emitirá mañana un tribunal local sobre el juicio que siguió a los empresarios acusados de la quiebra en 2003 del banco Baninter, en ese entonces el de mayor capital privado del país.
Desde hace un mes, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional estudia las pruebas y alegatos de la parte acusadora compuesta por el Banco Central (emisor) y el ministerio público, así como por la barra de la defensa.
Los imputados son el ex presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa; Marcos Báez Cocco, ex vicepresidente del banco; Luis Álvarez Renta, quien fuera principal asesor del organismo financiero y ex embajador dominicano en Francia, así como Vivian Lubrano de Castillo, una de las principales ejecutivas de la entidad.
Un quinto acusado, Jesús María Troncoso Ferrúa, será juzgado de manera separada en un próximo juicio, según lo dictaminó el tribunal.
Los imputados están acusados de lavado de dinero, falsedad en escritura pública, estafa y abuso de confianza.
El grupo está sindicado como responsable de la distracción de más de 55.000 millones de pesos (unos 2.000 millones dólares a la tasa de 2003), y lo que causó un colapso en la economía del país y obligó al gobierno del ex presidente Hipólito Mejía (2000-2004) a firmar un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El propio Mejía decidió garantizar los depósitos de los clientes de Baninter, lo que dio origen al déficit 'cuasi-fiscal' del Banco Central que según cálculos oficiales sobrepasa en la actualidad los 120.000 millones de pesos (unos 3.600 millones de dólares).
Tras un proceso de más de tres años de indagatorias y recopilación de datos, y más de 100 audiencias, el tribunal está listo para emitir la sentencia del "juicio del siglo", como lo bautizó la prensa local.
Los abogados del Banco Central y los fiscales solicitaron una condena de 20 años de cárcel para Báez Figueroa y Álvarez Renta, y seis años de reclusión para Lubrano de Castillo, tildados como los mayores responsables del fraude.
Asimismo, los abogados de la parte civil exigen de los acusados una indemnización de 120.000 millones de pesos (3.600 millones de dólares) en favor del Banco Central.
La parte acusadora aseguró ante el tribunal que lo ocurrido en Baninter representó la "mayor estafa" en la historia de la banca dominicana, y presentó alegadas pruebas donde detalló todas las operaciones y las compañías supuestamente adquiridas por el grupo de acusados con los dineros de los clientes.
Sin embargo, Báez Figueroa y sus abogados aseguran que entre todas las acusaciones éste sólo es culpable de violar la Ley de Bancos del país, y aseguran que "todos" los bancos hacían lo mismo.
El escándalo en torno a Baninter estalló el 14 de mayo de 2003, cuando Mejía convocó al Palacio de Gobierno a representantes de los sectores influyentes del país para que escucharan la exposición que sobre las alegadas irregularidades cometidas por la administración de la entidad bancaria formulara José Lois Malkún, entonces gobernador del Banco Central.
Sectores de la sociedad civil dominicana, organizaciones sindicales y populares han reiterado su pedido a la justicia de una sanción "ejemplar" para los acusados, bajo el alegato de que no se puede permitir que un "crimen" de esa magnitud permanezca sin sanción.
No obstante, los abogados defensores han sostenido que el colapso de Baninter fue producto de una campaña "aviesa" e "insensata" del entonces presidente Mejía, a quien atribuyen un interés marcado por destruir el banco, a raíz de supuestas diferencias personales que mantiene con Báez Figueroa.
Además de Baninter, en 2003 también se fueron a la quiebra los bancos Bancrédito y Mercantil, donde se detectaron acciones fraudulentas por el orden de los 700 millones de dólares.EFECOM
rs/cpy
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