Se fijaron dispositivos y tarifas sin memoria económica justificativa ni informe del Consejo de Estado
"El canon digital se paga y punto. Y a quien no le guste que se aguante". Lo dijo el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, hace apenas un par de años durante una conferencia en Madrid. Pero se equivocó
La Audiencia Nacional declaró ayer "nula de pleno derecho" la Orden Ministerial aprobada por el Gobierno en 2008, con lo que tumba así la regulación de la polémica tasa: tanto los dispositivos que deben pagar como las tarifas impuestas a los mismos. Según el fallo, el Gobierno incurrió en graves defectos de forma, imponiendo una normativa sin el preceptivo dictamen previo del Consejo de Estado y sin una memoria económica que justifique su aplicación.
En teoría, y al margen de que las entidades que gestionan los derechos de autor puedan recurrir ahora al Tribunal Supremo, la única normativa que sigue siendo válida es la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2006, que establecía ya un canon digital, pendiente de desarrollar, para determinados aparatos y soportes.
Dispositivos libres
El problema es que gran parte de los dispositivos, como las llaves de memoria, los MP3 o los teléfonos móviles, vuelven a quedar exentos de cargas impositivas, ya que las tarifas que se les aplicó se aprobaron mediante la Orden de 2008.
La Audiencia Nacional ha dado así la razón a la Asociación de Internautas, que fue la que presentó el recurso contra la normativa, aunque asegura, sin embargo, que no es competente para establecer un carácter retroactivo, con lo que deja en el aire los 400 millones de euros recaudados en los últimos cuatro años, que serán reclamados.
El fallo supone, en cualquier caso, un duro varapalo tanto para el Gobierno como para los representantes de los autores, ya que se suma además al dictado el pasado mes de octubre por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Éste sentenció ya que el canon digital que se aplica en España no se ajusta a la normativa europea. En su opinión, es indiscriminado y está injustificado, ya que se supone que las empresas y Administraciones Públicas no adquieren los dispositivos electrónicos para hacer copias privadas, sino para el desarrollo de su trabajo, por lo que deben estar exentas del pago.
Josep Jover, el abogado que llevó el caso a Luxemburgo en representación de las pequeñas tiendas de informáticas, se mostraba ayer plenamente satisfecho: "Son ya dos sentencias las que consideran ilícito el canon digital que se aplica en España, por lo que no queda más remedio que dar marcha atrás. Y estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta para exigir la devolución del dinero". En la misma línea, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, explicó que "nosotros tenemos impugnado en Europa el artículo 25 de la ley de 2006 que establecía el pago del canon y, si logramos que eso salga adelante, presenciaremos un nuevo replanteamiento de esta compensación".
Junto a la sentencia de Luxemburgo se produjeron dos hechos paralelos que obligaron al Ministerio de Cultura a dar marcha atrás y modificar el canon. Por un lado, la orden ministerial ahora anulada establecía que en dos años se revisarían las tasas dispuestas. Por eso se empezó a negociar el nuevo canon. "Pero ahora no podrán fijarlo a la ligera ya que tenemos muchas sentencias y escritos judiciales que avalan por lo que llevamos luchando desde 2003", asegura Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas.
Pero, además, hay que tener en cuenta que la aprobación de la Ley Sinde se produjo gracias al apoyo del PP, que entre sus exigencias incluía que se negociase de nuevo el canon, algo que ya habían empezado a hacer, y se establecía un plazo de tres meses para fijar el nuevo.
Ese cambio en la normativa es algo que también apoyan las entidades de gestión de derechos de autor. Rafael Sánchez, su portavoz, aseguró que "debemos clarificar las normas del juego y actualmente estamos sentados con Ametic (la patronal tecnológica) con ese propósito". Sin embargo, Sánchez man- tuvo que "si ahora se copia más que nunca, el canon digital está justificado más que nunca".
El caso es que autores e industria tecnológica tendrán que negociar nuevas tarifas y dispositivos. Si no se llega a ningún acuerdo, como ya sucedió en 2008 cuando se desarrolló la orden ahora anulada, será el Gobierno el que tenga que fijar la ruta a seguir.
Reclamaciones
Los autores se mostraron satisfechos con el hecho de que la Sala se mostrase contraria a la devolución de las cantidades ya entregadas, pero no cuentan que ello se debe a que el tribunal considera que carece de jurisdicción para decidir sobre tal extremo y que las tiendas de informática y las asociaciones de Internautas, tal y como han hecho ya las Administraciones Públicas -ayuntamientos de toda España han acudido a los tribunales- van a exigir su reintegro.
Además, explicaron que la nueva orden que negocian podría ser una copia de la ahora anulada pero que incluya la documentación de la que carece la primera. Sin embargo, todo está por ver porque, de momento, las negociaciones se encuentran en una fase preliminar en la que tan sólo se han fijado los pasos a seguir y las reuniones a celebrar. En palabras de Ametic, el problema es que las entidades de gestión siempre quieren gravar más dispositivos y cada vez más caros, y ellos defienden exactamente lo contrario.
