MADRID (Reuters) - Tras una reunión con empresarios y sindicatos, el Gobierno español dio el miércoles "unos días más" a los agentes sociales para consensuar una reforma de los convenios colectivos que, en caso de desacuerdo, legislará por su propia cuenta.
"Nuestra economía, nuestro mercado de trabajo, nuestras relaciones laborales saldrán mucho más beneficiadas de un acuerdo que sea el resultado de una negociación fructífera entre interlocutores sociales que de una ley impuesta por un gobierno", dijo el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras la reunión a la que asistió también el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Merece la pena que si se necesita más tiempo para poder culminar un proceso con acuerdo (se dé ese tiempo) (...) si de días de espera se trata", declaró.
Los interlocutores sociales han incumplido el plazo fijado inicialmente por el Gobierno para alcanzar un acuerdo en esta materia que, sin duda, será tratado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos en la vital reunión de jueves y viernes.
Mientras el ministro de Trabajo no quiso fijar un nuevo plazo, utilizando términos como "razonable" o "no excesivamente largo", dijo que la voluntad que habían transmitido sindicatos y empresarios era que estaban próximos a poder cerrar un acuerdo.
En declaraciones a los medios tras la reunión, los sindicatos dijeron que el acuerdo está "al alcance", pese a reconocer "muchísimas dificultades".
El líder de UGT, Cándido Méndez, reconoció que no se les han impuesto plazos, pero que "sería muy importante que, no más allá de mediados de abril, pudiéramos presentar una conclusión positiva".
En su comparecencia, Méndez arremetió contra el denominado Pacto del Euro en relación con la decisión de ligar salarios a productividad.
En este sentido, los dos sindicatos mayoritarios han convocado concentraciones en toda España para el jueves "para exigir un Pacto por el Euro que no se base en el recorte salarial y social".
PLAN CONTRA EMPLEO SUMERGIDO
El ministro de Trabajo reiteró ante los periodistas los planes del Gobierno para que aflore el empleo sumergido y que debatirá con los interlocutores sociales después éstos alcancen un acuerdo en materia de negociación colectiva.
Según algunas casas de análisis, la economía sumergida en España estaría próxima al 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.
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