
Madrid, 10 oct (EFECOM).- Varios testigos que comparecieron hoy ante el tribunal que juzga el escándalo financiero de Gescartera revelaron que el departamento de compraventa de valores de los clientes tenía "poca actividad", mientras que su consejo de administración no se reunía, "salvo en contadas excepciones".
En la undécima sesión del juicio oral, las preguntas del fiscal Vicente González-Mota sacaron a la luz otros testimonios sobre los artificios de los apoderados de Gescartera, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, para tratar de engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El primer turno fue para el empleado de Gescartera Justo Muñoz, del departamento de compraventa de valores, quien reconoció que los movimientos eran escasos y se limitaban a compras "intradía" de títulos de varias compañías, donde no se necesitaba mucha liquidez a pesar de que, aparentemente, se movían cientos de millones de pesetas.
Las posiciones y el volumen de la cartera de inversiones en compañías cotizadas en Bolsa, al igual que las órdenes de los clientes sobre una compañía u otra eran "escasas", pese a que, según fuentes jurídicas, buena parte de los beneficios de las agencias de valores proceden de las comisiones de custodia de valores y de las de corretaje.
Por su parte, el secretario del consejo de administración de Gescartera, José Antonio García Lachica, comentó que los acuerdos de este órgano de gobierno de la agencia de valores venían "predeterminadas" por algunos consejeros y constituían "meros formalismos", sin llegar a decidirse cuestiones del "día a día" como el destino de las inversiones de los 4.004 clientes de la sociedad.
Estas reuniones eran "para cumplir los requisitos" del registro mercantil, salvo algunas como la celebrada el 15 de junio de 2001, cuando, según García Lachica, anteriormente imputado en la causa, "todos decidimos poner fin a aquella situación" tras la intervención por parte de la CNMV.
Uno de los momentos críticos de Gescartera, según su secretario, fue cuando en 1999 la CNMV descubrió irregularidades en torno al cliente Arzobispado de Valladolid, a quien se había reembolsado 1.075 millones de pesetas (6,46 millones de euros) pese a figurar con una inversión de sólo 30 millones de pesetas (180.000 euros).
Gescartera Dinero SGC manifestaba que el cliente no había tenido cartera, mientras Enrique Peralta, ecónomo del Arzobispado de Valladolid, afirmaba que el saldo en gestión ascendía a 1.105 millones de pesetas -1.075 millones como cuenta comprometida en gestión y 30.831.379 pesetas en una cuenta de liquidación-.
Pese a todo ello, según José Antonio García Lachica, la CNMV autorizó la transformación, unos meses más tarde, de Gescartera Dinero Sociedad General de Carteras (SGC) en Agencia de Valores (AV) en el año 2000, un año y medio antes de su intervención con un agujero patrimonial de más de 50 millones de euros.
Además, el antiguo director general de la compañía y jefe de administración financiera, José María Moreno Fernández, reconoció que firmó los partes con el listado de clientes ante la CNMV, después de "verificar que el importe" de sus inversiones "estaba contrastado con lo que existía en los bancos", "donde no había cuentas individuales sino cuentas 'omnibus'".
La nota anecdótica del día la pusieron los testigos Ignacio Sánchez Fernández y su hija, María Elena Sánchez Cabrera, quien hubo de adelantar su comparecencia ante el tribunal por estar embarazada de nueve meses y haber salido ya de cuentas.
Quien no compareció, por no haber sido localizado por la Policía Nacional en España, fue el abogado José Francisco Jiménez Criado -propietario de la sociedad "Amerinvest SP-SL" y socio fundador del bufete "Lexway"-, a quien Camacho, según el fiscal, dio instrucciones para la constitución de varias sociedades en Estados Unidos, cuatro meses antes de la intervención de Gescartera. EFECOM
dsp/ltm
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