Madrid, 7 oct (EFECOM).- El Partido Popular ratificará el martes, ante el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, las denuncias presentadas contra el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, y el director de la Oficina Económica, David Taguas, por varios supuestos delitos ligados a sus decisiones sobre las opas de Endesa.
También comparecerá ante la jueza Teresa de la Asunción Rodríguez, el representante del colectivo de funcionarios "Manos Limpias", Miguel Bernad, quien pidió que los juzgados investigasen si hubo alguna motivación presuntamente delictiva en la decisión de no abrir un expediente sancionador contra Enel y Acciona, por su forma de actuar en la opa contra Endesa, en contra de los intereses del grupo alemán E.ON.
Estas tres denuncias (dos del Partidos Popular y una de "Manos Limpias"), junto a otra presentada por la Plataforma Libertad y España, entienden que, por diferentes motivos, "la intervención" de Carlos Arenillas y Taguas, además de la del antiguo director de la oficina económica, Miguel Sebastián, pararon este expediente sancionador, en línea con lo expresado en este sentido por el ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe.
También, este juzgado, deberá indagar en otra parte de las declaraciones de Conthe ante el Congreso de los Diputados el pasado 2 de abril, antes de presentar su dimisión, en las que hablaba de "un tema que afectó a la CNMV" y que se hizo "a sus espaldas", en relación a unos documentos presuntamente filtrados por Arenillas a los medios de comunicación sobre las operaciones del presidente del BBVA, Francisco González, relacionadas con la venta de la sociedad FG-Valores en 1996.
De las diferentes denuncias presentadas, la primera fue interpuesta, el 7 de mayo, por la Fundación "España y Libertad", que considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, mientras que el colectivo de funcionarios "Manos Limpias" piensa que pueden ser calificados como "prevaricación" y "tráfico de influencias".
La primera demanda se dirige contra Arenillas, Taguas y Sebastián, mientras que la segunda, además, se hace extensiva a Carlos Arenillas, por delito societario; a Soledad Núñez, directora general del Tesoro y miembro de la CNMV, y a José María Viñals, vicegobernador del Banco de España.
Tanto la demanda de "España y Libertad", que recayó en el Juzgado de Instrucción número 33, como la de "Manos Limpias", que fue a parar al Juzgado de Instrucción número 13, fueron desviadas al Juzgado de Instrucción número 50, que investiga desde hace dos años un delito de falsedad documental contra Arenillas y Conthe, por falsedad documental presentadas por varios accionistas.
Pese a ello, este juzgado las reenvió a sus respectivos destinos de origen y, finalmente, el Juzgado número 13 envió la denuncia de "Manos Limpias" al Juzgado número 33, para que sea ratificada.
Las otras dos denuncias del Partido Popular, estudiadas por el Juzgado número 12, en lo referido a la actividad de Arenillas y Sebastián respecto al presidente del BBVA, y el Juzgado número 44, respecto a la negativa a sancionar a Enel y Acciona, fueron también a parar al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.
Antes de ello, el Partido Popular, según fuentes jurídicas, hubo de abonar una fianza de 1.500 euros para personarse como acusación popular para acusar a Arenillas, Taguas, Nuñez y Sebastián por los delitos de "tráfico de influencias", "prevaricación", "cohecho", "infidelidad en la custodia de documentos" y "uso de información privilegiada".
Así, finalmente, tras cinco meses de inhibiciones y cuestiones de competencia entre los diferentes juzgados, será la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid quien se encargará de decidir si se deriva delito de "las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados, todos ellos en ejercicio de sus funciones públicas, para evitar a toda costa la adquisición de Endesa por parte de E.ON.
Según el PP, las personas denunciadas "no habrían dudado en ejercer un inequívoco prevalimiento de su condición de más directos asesores económicos del presidente del Gobierno y de miembros del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para tratar de influir torticeramente, con prevalimiento del cargo, en otros funcionarios públicos". EFECOM
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