
El decreto ley se ha hecho a medida de CatalunyaCaixa, una entidad que precisa 1.718 millones de euros adicionales.
La Generalitat ha logrado evitar su nacionalización y, además, que ésta pueda ser adjudicada a otra entidad catalana en el plazo máximo de dos años.
La entidad se resiste para caer en manos del Sabadell, uno de los interesados en hacerse con sus activos, pero va a tener difícil este proyecto a no ser de que el propio Gobierno catalán la inyecte dinero para salvarla.
En su eje de actuación está la conversión en banco para que el Estado entre en su capital, pero a diferencia del resto -menos Unnim- la caja puede recibir una parte de estas ayudas públicas vía préstamo.
Hasta 1.000 millones, de acuerdo con las negociaciones previas al decreto, el Frob puede destinar a la entidad que dirige Adolf Todó con las condiciones anteriores, por lo que reduciría la presencia del Estado en su capital si solicita también el resto en forma de capital.
De esta manera, ni el Gobierno ni el Banco de España controlaría la caja y además la Generalitat se garantiza que pueda ser adjudicada a un grupo catalán.
El objetivo del Ejecutivo que preside Artur Mas es no perder ni una sola entidad y configurar dos grandes grupos financieros, uno en torno a La Caixa y el otro en torno al Sabadell. Los activos de CatalunyaCaixa podrían recaer en el banco, pero éste sólo aceptaría si previamente hay garantías y saneamientos para llevar a cabo una operación de este tipo.s