UE llega a acuerdo político para liberalizar sus servicios postales en 2011

Siguiendo las modificaciones adoptadas en julio pasado por el Europarlamento, la presidencia portuguesa sometió a la aprobación de los ministros una postergación por dos años, hasta principios de 2011, para la apertura del correo ordinario (cartas de menos 50 gramos).

LUXEMBURGO (Thomson Financial) - Los ministros europeos de Telecomunicaciones llegaron a un acuerdo el lunes en Luxemburgo para liberalizar en forma completa los servicios postales en la Unión Europea, una iniciativa apoyada por el gobierno español, pero resistida por la compañía estatal Correos y Telégrafos.

Según la propuesta de ley modificada examinada el lunes, los 12 Estados miembros de la UE que ingresaron a partir de 2004 tendrán dos años suplementarios, hasta el 31 de diciembre de 2012, para liberalizar totalmente sus servicios postales.

España apoya la postura de la Comisión Europea, que aspira a que la liberalización alcance a todos los ámbitos, aunque la posición del gobierno socialista no es compartida por Correos y Telégrafos, la compañía estatal de servicios postales.

Según una carta enviada a la Comisión Europea por Correos y las compañías postales de otros siete Estados miembros, y a la que tuvo acceso la AFP, la empresa nacional española es reticente a los planes de Bruselas y señala el peligro que puede suponer para los usuarios.

'La liberalización total de los servicios postales en la UE tendría efectos negativos en la productividad, costes laborales y reduciría el suministro del principio de servicio universal', afirma la misiva.

'Por todo ello, solicitamos que en la propuesta de liberalización de los servicios postales se incluyan medios eficientes para financiar estos servicios, que deberían probar su funcionamiento antes de eliminar un 'área reservada restringida' para cada uno de ellos, el único instrumento que se ha demostrado útil a la hora de garantizar el servicio', agrega.

'La reducción de las redes de oficinas y la alineación de los costes laborales, reducir la provisión de servicio universal para disminuir su coste e incrementar los precios de los pequeños usuarios no garantizan la financiación del servicio universal y dañan el alcance, la calidad y el acceso de los servicios que se ofrecen actualmente a los ciudadanos de la Unión', concluye.

Además de Correos y Telégrafos firman la carta los servicios postales nacionales de Chipre, Grecia, Bélgica, Hungría, Polonia, Italia y Luxemburgo.

En España, el sistema postal está parcialmente liberalizado, puesto que el 'servicio universal' (que comprende cartas de hasta 50 gramos en el ámbito urbano y paquetes de hasta 10 kilos) ya no opera en régimen de monopolio a cargo de Correos.

En cambio, sí permanecen bajo la exclusividad de la empresa estatal las cartas de hasta 50 gramos entre ciudades y todos los servicios postales hacia el extranjero, no así el que llega a España desde otros países.

Además, España tiene la particularidad de que el gobierno aprobó en noviembre de 2006 un decreto por el que se autorizaba a las empresas privadas a alquilar la red postal pública, sus medios e infraestructura.

Sin embargo, esta medida del gobierno es objeto de una disputa judicial ante el Tribunal Supremo tras una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que considera que la nueva normativa puede provocar 'la quiebra económica' del sistema público, además de advertir del peligro de falta de servicio en zonas de escasa población y, por tanto, poco rentables.

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AFP/cl

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