Plantea imponer sanciones a los infractores que oscilan entre los 60.000 y el millón de eurosLa prestación de estos servicios sin título habilitante o licencia es una falta muy grave
madrid. La futura Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) podría convertirse en algo muy similar a una bomba de relojería para las miles de empresas de radiodifusión y televisión que emiten actualmente en condiciones de alegalidad en España. Sucedería de admitirse una enmienda que, interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, podría acabar de súbito con todas ellas, sin darles opción a adaptarse a la nueva era digital.
Se trata de la enmienda 177, que contempla que el Ejecutivo pueda clausurar cualquier emisora de radio en FM o de televisión local que emita sin la oportuna licencia o título habilitante y, además, se reserva el derecho de imponer a sus propietarios una sanción que oscilaría entre los 60.000 y el millón de euros. De incluirse esta enmienda en el articulado de la futura Ley, un número muy elevado de empresas de comunicación que, hasta ahora, habían venido emitiendo sus programas aprovechando ciertos vacios legales, quedarían desconectadas de un plumazo y no en 2010 coindiciendo con el apagón analógico. Y lo peor de todo es que parece que la enmienda no se va a debatir en el Congreso. El polémico retoque establece que "para la prestación de cualquier servicio de difusión de radio y televisión será preceptiva la previa obtención del correspondiente título habilitante, que se regirá por la normativa reguladora de cada servicio (cable, ondas terrestres, satélite o difusión en movilidad)".
El texto de la enmienda expresa que la prestación de este tipo de servicios de comunicaciones sin título habilitante se tipificará como una infracción muy grave, pudiendo adoptar como medida de carácter provisional el cierre de la actividad, y la citada multa, cuyo importe se modulará teniendo en cuenta tres aspectos: el ámbito de cobertura de la emisión; el beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada y el perjuicio causado. Tal régimen sancionador se trasladará a todos los servicios de radio y televisión independientemente del medio de transmisión utilizado. El principal partido de la oposición ha asegurado que esta enmienda ha sido introducida al proyecto de Ley "de mala fe, de tapadillo y por la puerta de atrás, saltándose el procedimiento, los trámites y los informes preceptivos de todo proyecto de Ley".
Otro asunto que ha sucitado enmienda ha sido el de los servicios de radio por satélite, de televisión en movilidad por satélite y de televisión digital terrestre en movilidad que, según fuentes del PP, "deberían haberse incluido en la Ley Audivisual que el Gobierno no ha desarrollado en cuatro años". En este caso, la crítica del PP es que su regulación debería haber sido más pausada. "Es difícil aceptar que se se haga al final de la legislatura, saltándose el procedimiento y cuando ya está preparado el Real Decreto de desarrollo y el concurso para adjudicar las licencias antes de final de año", indican desde el Partido Popular. Una formación que asegura que "esta prisa responde a la necesidad del Gobierno de dejar a sus afines bien colocados antes de salir del poder", y recuerdan que "la actual legislatura empezó con dos cacicadas en el terreno audiovisual (en referencia al paso de Canal + a televisión en abierto y la concesión de otra licencia en abierto a La Sexta) y parece que quieren terminarla con otra: la concesión de las licencias de TV en movilidad a algún otro amigo".
Pero no sólo el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas a un proyecto de Ley que, según Jesús Banegas, presidente de Aetic, "podría estar ya aprobado" de no ser por el cúmulo de retoques al que está siendo sometido. El Partido Popular ha introducido 41 enmiendas a un documento del que aseguran "está lleno de parches e injerencias". En concreto, la oposición estima que la consecución de un verdadero impulso a la Sociedad de la Información depende de que se respete la libertad de expresión en el seno de Internet, como recoge la Constitución. Creen oportuno, además,que el acceso de los ciudadanos a la Red mediante redes de banda ancha sea contempleado como servicio universal, del mismo modo que lo fue y lo sigue siendo el servicio telefónico. El PP también propone perseguir el spam telefónico, al que un elevado porcentaje de ciudadanos.
La futura Ley deberá regular, dada la proliferación de salas de juegos y casinos en Internet, este tipo de prácticas que mueven ingentes cantidades de dinero libre de impuestos, lo que genera importantes pérdidas económicas para el Estado. También se deben arbitrar mecanismos para proteger la propia imagen en un mundo cada vez más digital.
En relación con la propiedad intelectual, fuentes del partido de la oposición, que defiende la creación de una agencia al efecto, han señalado que "no puede consentirse que, en aras la legítima defensa de los derechos de propiedad intelectual, se pueda contradecir el sistema garantista del artículo 20 de nuestro texto constitucional, por el que tan sólo la autoridad judicial puede ordenar la retirada de un contenido, en tanto éste afecte a la libertad de expresión y opinión, la libertad de producción y de creación literaria, artística y técnica o la libertad de cátedra". Una visión coincidente con la de la patronal del sector tecnológico español que ve carente de todo sentido otra enmienda presentada por el colectivo de sociedades gestoras, con la SGAE a la cabeza, "que pretende usurpar las funciones de los jueces al querer atribuirse la potestad de obligar a las operadoras de servicios de telecomunicaciones y proveedores de Internet a cortar las comunicaciones cuando consideren que los contenidos transmitidos pudieran dañar la sensibilidad del colectivo de usuarios de la Red".
