Madrid, 30 sep (EFECOM).- La acusación particular del arquitecto Pedro Sentieri ha pedido la apertura de juicio oral contra los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, para quienes ha solicitado también más de cinco años y seis meses de cárcel por los delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal.
Así lo indica su escrito de acusación, al que tuvo hoy acceso Efe, remitido al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que investiga desde hace más de cuatro años este caso sobre una carta que denunciaba falso testimonio contra ellos en el caso Urbanor.
La misiva que dio origen a esta causa apareció después de que el Tribunal Supremo condenase a los financieros, en marzo de 2003, al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor -entre ellos Sentieri y el constructor Julio San Martín- al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas.
Tras investigar la carta presuntamente enviada por Sentieri a San Martin para concertar una acusación contra los financieros a finales de 2004, el Juzgado de Instrucción número 11 acordó archivar las actuaciones contra los constructores, al considerar que el escrito, que les incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer, no era concluyente y planteaba múltiples dudas.
Esta decisión motivó que el mismo juzgado de instrucción abriese diligencias por denuncia falsa y falsedad en documento público contra la documentalista Gloria Álvarez, quien aportó la misiva a la fiscalía para que abriese la investigación, y los financieros Cortina y Alcocer.
Posteriormente, este juzgado imputó a José María Arnáiz y Francisco Javier Arnáiz, quienes reconocieron ante el juez que firmaron un contrato para buscar de forma legal pruebas que exculpasen a los "Albertos" y que, posteriormente, pidieron el "arbitraje" del presidente de ACS, Florentino Pérez, para liquidar este acuerdo.
Por ello, ahora, el escrito de acusación de Sentieri, además de las penas reclamadas para Cortina y Alcocer, también ha solicitado penas de prisión de 4 años y ocho meses para la documentalista Gloria Alvarez Aguarón y los hermanos José María Arnáiz del Barco y Francisco Javier Arnáiz del Barco (4 años y 1 mes para cada uno), por los mismos delitos.
La acusación de Sentieri mantiene que alguien se apoderó de un folio en blanco con la firma del arquitecto en la parte inferior derecha del folio, "por medios no esclarecidos", y lo hizo llegar a la documentalista Gloria Alvarez, quien entró en contacto con personas del entorno de los "Albertos" para ver si esta "falsa prueba" podía ser "favorable para su exculpación".
El escrito también señala a los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez de "actuar en concierto", "establecer e idear un plan preconcebido", con los otros cuatro acusados, para "adquirir" este folio en blanco y "fabricar" una carta dirigida por Sentieri a Julio San Martin, "de la que se dedujera la comisión por ambos de un delito de estafa procesal".
El precio por estos servicios de los hermanos Arnáiz se fijó, siempre según el escrito de acusación, en unos 4,9 millones de euros, es decir, un 20 por ciento de la responsabilidad civil establecida en el caso Urbanor.
Precisamente, para probar su relato, la acusación del arquitecto Sentieri ha pedido llamar como testigos al presidente de ACS, Florentino Pérez, el notario Manuel Richi -ante el que se depositó este contrato- y otros abogados de "los Albertos" como Gonzalo Rodríguez Mourullo o Antonio Hernández Gil.
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 a tres años y cuatro meses de cárcel al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor -entre ellos Sentieri y San Martín- al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas.
Hasta el momento, los financieros han pagado a los constructores más de 4.500 millones de las antiguas pesetas (unos 27 millones de euros) y han presentado un aval de similar cuantía en concepto de intereses, aunque todavía no han ingresado en prisión, dado que el Tribunal Constitucional suspendió a mediados de 2003 su encarcelamiento al aceptar a trámite el recurso de amparo. EFECOM
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