Expertos y bancos de inversión acogieron con escepticismo los planes de recapitalización de Elena Salgado el pasado 24 de enero y el decreto ley no ha hecho otra cosa que reafirmar sus dudas iniciales. Lorenzo Bernaldo de Quirós: Una chapuza descomunal.
El principal argumento para poder en duda la efectividad del plan y la llegada de inversores privados es que está pensado exclusivamente para elevar los ratios de capital de las entidades, sin tener en cuenta los saneamientos de balance.
"Cuando de una caja se sabe hasta dónde pueden llegar sus pérdidas se puede establecer una valoración, pero si no se tiene certeza del saneamiento que precisa es inútil que subas su core capital, nadie se fiará del precio que se ponga", explican desde un banco de inversión extranjero, que desconfía de la llegada de inversores al capital de las cajas a menos que éstas apliquen fuertes descuentos.
Eso en el caso de que sean las entidades las que negocien directamente con inversores, pero en el supuesto de que el FROB adquiera acciones, la valoración se complica. En opinión de distintos bancos de inversión el decreto ley es, en este punto, algo confuso. Por un lado, y si se produce el desembarco de un inversor en los cinco meses anteriores a la entrada del FROB, éste organismo comprará al mismo precio al que lo hizo el nuevo socio o le servirá de referencia, con lo que todo el proceso y la posterior reventa queda condicionado.
Además, apuntan, para que este mecanismo entre en funcionamiento se habla de "porcentaje significativo", sin que quede establecido si es un 5%, proporción que tiene para el Banco de España este calificativo, o el 20%, que parece deducirse del texto normativo.
Pero lo que más preocupa, en cuanto a la valoración, es que cuando el FROB decida, sin presencia de un socio previo, comprar acciones, el establecimiento del precio de mercado de los títulos lo decidirán dos expertos independientes contratados por el propio FROB. "Nadie garantiza que el Fondo tenga la tentación de inflar el valor de las acciones para aparentar que la caja tiene más valor que el real y lanzar un buen mensaje a los mercados", declaran desde otra entidad.
Excepción, Caja Madrid
Además, la búsqueda de inversores se complicará por la confluencia de todas las ofertas en el mismo periodo de tiempo, un año como máximo, por lo que las más pequeñas tendrán dificultades para encontrar socios adecuados.
Cómo excepción, los analistas señalan que Caja Madrid es la que a priori tendrá menos problemas para completar sus planes de salida a bolsa. Por un lado, es la de mayor tamaño, al tener un balance cercano a los 340.000 millones de euros, lo que proporciona un volumen crítico adecuado para salir a los mercados y, por otro, es la que ha realizado un saneamiento más fuerte, al destinar 9.200 millones de euros brutos a este fin, según desveló al presentar los resultados de 2010.
Por otra parte, los expertos critican con dureza el hecho de que el decreto-ley fije la fecha de 31 de diciembre de 2010 para tener en cuenta el volumen de los activos ponderados por riesgo, mientras los recursos propios se calculan a los largo de 2011.
La ministra Salgado justificó este hecho para "preservar el crédito", es decir, para evitar que las cajas aumentaran su solvencia a costa de disminuir el volumen de créditos, con lo que la proporción de recursos propios en relación a los activos aumentara sin refuerzos extra de capital.
Pero los expertos advierten que lo que se provocará es un efecto perverso, al desincentivar el saneamiento de la cartera de préstamos.
En la nueva normativa se especifica que sólo se tendrá en cuenta el descenso de activos ponderados por riesgo "que se deriven de operaciones" de desinversión. Es decir, si una entidad vende líneas de crédito, se tendrá en cuenta el correspondiente descenso en su cartera. Sin embargo, si una caja reconoce pérdidas en sus créditos y asumiendo el coste los saca de su balance, el recorte de volumen no se tiene en cuenta, por lo que debe seguir teniendo como referencia diciembre de 2010, lo que penaliza el cálculo de su ratio de capital.
Esto, explican los expertos, incentiva las refinanciaciones, sean prudentes o no, ya que si mengua el volumen crediticio sin venta de por medio la entidad estará penalizada, al no poder calcular su ratio de capital con los activos de 2011, sino los del año anterior.
Por último, tanto bancos de inversión como expertos no entienden el discurso contradictorio ni de la ministra ni del Banco de España sobre la fortaleza o la debilidad de las cajas. El gobernador, en su última aparición pública, afirmó que "como las circunstancias han cambiado", se debía modificar también las exigencias sobre las cajas, mientras hace dos meses defendía a capa y espada que estas entidades ya estaban preparadas, tras su reestructuración, para afrontar el resto de la crisis. La ministra, por su parte, considera que no importa que las cajas sean solventes, "sino que lo aparenten en los mercados".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aportó ayer su visión sobre el sector, al afirmar que "el Gobierno no puede asumir bajo su responsabilidad que existan entidades financieras hoy o mañana que no tengan solvencia, que no puedan captar recursos y que provoquen un daño directo a la economía y al propio sistema financiero", lo que justifica la necesidad de haber hecho la reforma.
Pero el sector recuerda que si hubo dificultades para acudir a los mercados mayoristas no fue por la desconfianza en las cajas, sino por su procedencia española, ya que tras la intervención irlandesa se puso en duda la capacidad de Zapatero para cumplir con los objetivos de reducción del defícit público impuesto por Bruselas y la posibilidad de un rescate para España.
FT: España debería dejar caer alguna caja