Brasilia, 27 sep (EFECOM).- La Cámara de Diputados de Brasil dio hoy un paso más hacia la renovación de un polémico impuesto rechazado por empresarios y por la oposición, que en el 2008 supondrá para el gobierno una recaudación de 18.000 millones de dólares.
La renovación de la llamada Contribución Provisional sobre Movimientos Financieros (CPMF), que grava con un 0,38 por ciento todas las transacciones financieras, fue aprobada por mayoría simple en una maratoniana sesión que comenzó la tarde del miércoles y acabó ya entrada la madrugada de hoy.
Ese impuesto fue creado en 1999 en forma temporal, aunque desde entonces se renueva periódicamente debido al voluminoso ingreso que representa para el gobierno.
Tras esa primera discusión, la propuesta de renovar el tributo por otros tres años deberá ser votada nuevamente en la Cámara de Diputados y luego pasar por dos sesiones del Senado, que deberá ratificarlo en ambas para que finalmente sea sancionado.
En el Senado, donde no existe una mayoría clara ni en favor ni en contra del gobierno, la oposición ya ha adelantado que intentará articular fuerzas para impedir la renovación del impuesto, que tilda de "injusto" e "innecesario", al igual que los empresarios.
Al frente del sector privado en el rechazo al también llamado "impuesto al cheque" está la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), que hace quince días entregó al Congreso un documento respaldado por un millón de personas que se opone a su renovación.
Según estudios de la influyente patronal, la CMPF perjudica en mayor medida a quienes ganan menos del equivalente a dos salarios mínimos, y "atenta" contra el bolsillo de los más pobres, que no tienen cuentas bancarias, pues acaba incidiendo en los precios de artículos de primera necesidad.
La Fiesp también sostiene que el tributo equivale, en media, al 2,29 por ciento del consumo de cada familia brasileña y que acaba aumentando otros impuestos, que son pagados con cheques.
La CPMF fue creada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 y 1999-2003) y tuvo entonces una férrea oposición del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde que llegó al poder en enero del 2003 ha pedido su renovación puntualmente.
Según el gobierno, la no renovación del impuesto le supondría perder ingresos ya previstos por 38.000 millones de reales (18.000 millones de dólares), lo que causaría un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas. EFECOM
ed/jma
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