Estrasburgo (Francia), 27 sep (EFECOM).- El eurodiputado del PP Daniel Varela reclamó hoy a la Comisión Europea (CE) que examine si la ley portuguesa que impone tasas a los automóviles matriculados en España es compatible con las normas comunitarias sobre fiscalidad y libre circulación de personas y bienes.
En una interpelación escrita al Ejecutivo comunitario, Varela advierte de que esa ley causa "graves problemas" a "los ciudadanos españoles que se desplazan cada día a trabajar a Portugal con su propio vehículo matriculado en España", según un comunicado del PP.
En virtud de esa normativa, explicó, "las autoridades portuguesas reclaman el pago de la tasa a todas las personas que tienen un contrato de trabajo en el país, aunque el impuesto de matriculación se haya abonado en España, y obligan en la práctica a sus propietarios a hacerse residentes en Portugal de forma permanente".
El incumplimiento, precisó, acarrea sanciones que van desde los 300 euros a la incautación de la documentación e inmovilización del vehículo.
"Más de 3.000 gallegos se desplazan cada día a Portugal, muchos de ellos para cubrir servicios sanitarios de primera necesidad y se encuentran en una situación de indefensión total ante la persecución a la que les está sometiendo la policía portuguesa", afirmó.
Varela envió una copia de su interpelación a la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce el Gobierno portugués.
El eurodiputado gallego consideró que este Gobierno hace "todo lo posible por evitar que los gallegos trabajen en Portugal a pesar de que la mayoría son una pieza clave del sistema sanitario en el norte del país y de que la medida no tiene reciprocidad para los doce mil trabajadores portugueses que vienen a diario a España".
Según el comunicado del PP, los afectados han presentado un contencioso ante la justicia portuguesa.
Pero Varela consideró oportuno que la Comisión Europea tome cartas en el asunto "para que el asunto se pueda solucionar cuanto antes sin tener que esperar una resolución judicial".
En caso contrario, sostuvo, "muchos enfermos portugueses pueden quedarse sin médico o sin enfermero en las próximas semanas".
En la nota, el parlamentario opinó que la legislación en cuestión "es otra prueba de los obstáculos a las relaciones de cooperación galaico-portuguesas que han surgido desde que en Madrid, Lisboa y Santiago de Compostela coinciden tres gobiernos socialistas".
Citó también al respecto "las reticencias para la construcción del tren de alta velocidad Oporto-Vigo, que las autoridades lusas consideran que no es rentable". EFECOM
adp/jla
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