Nueva Rumasa ha inflado en los últimos años todos sus números para captar inversores en el mercado ante la falta de liquidez que empezaba a sufrir y el cerrojazo del crédito por parte de la banca.
Durante el primer semestre de 2009, la empresa lanzó una agresiva campaña de comunicación en prensa, radio y televisión en la que anunciaba a bombo y platillo que su valoración patrimonial era de 3.000 millones de euros. "Nueva Rumasa está compuesta por 107 empresas con más de 10.000 empleados directos, con relaciones comerciales en 78 países y una facturación por encima de los 1.500 millones", aseguraba en mayo de ese año para anunciar una emisión al 8 por ciento de interés.
Pero la familia Ruiz-Mateos no se debió dar por satisfecha. Hizo una revisión y en siete meses elevó su patrimonio justo al doble. Tal y como consta en la propia memoria de la compañía de ese ejercicio, el valor patrimonial aumentó hasta 6.000 millones a 31 de diciembre de 2009. Pero sin que ninguna firma auditora realizara un examen de las cuentas conjuntas ni supervisara oficialmente las mismas, de acuerdo con las normas de contabilidad. Entre otras cosas porque ni siquiera existe un grupo consolidado y cada empresa tiene su propia auditoría. La compañía se limitaba a señalar a expertos independientes.
Infladas
Fuentes de Nueva Rumasa explican ahora que "en el importe inicial no tenía en cuenta ni el conjunto de las existencias ni las marcas, que fueron incluidas tras haber realizado los oportunos informes de valoración". En la memoria de 2009, entregada a los inversores, Nueva Rumasa da un valor de 2.692 millones a su patrimonio inmobiliario, adjudicaba otros 1.510 millones a sus marcas y 1.699 millones a sus existencias. En total: 5.901 millones, que acabaron redondeándose hacia arriba en algunos anuncios. Propietaria ya en 2007 de la cadena hotelera Hotasa, Postres Dhul o Trapa, Nueva Rumasa protagonizó desde entonces importantes operaciones, como la compra de Clesa a Parmalat o la adquisición de enseñas como Apis, Fruco y Tranchettes a la norteamericana Kraft. Con una facturación, según sus propias cuentas, nunca auditadas en su conjunto, de 1.500 millones, el grupo asegura contar con 120 empresas y 67 fábricas.
Expertos jurídicos han coincidido en afirmar que Nueva Rumasa ha bordeado la ley con sus emisiones de pagarés y que el posible impago a sus inversores particulares podría acabar ante los tribunales penales por estafa, en caso de que el dinero se haya destinado a cubrir deudas y no a hacer nuevas inversiones. En este sentido, el abogado del despacho Jausas Agustí Bou explicó que se prevé que los inversores "se agrupen para iniciar acciones penales", ya que la situación preconcursal anunciada por la compañía por las deudas contraídas con los bancos podría ser el primer síntoma de que "ha habido un engaño". Este abogado destacó que existe una diferencia entre los inversores que tengan pagarés con garantías concretas, lo que supone que en caso de concurso de acreedores su crédito tendrá prioridad de cobro, y los que no los tengan asegurados, que se convertirán en acreedores ordinarios sin prioridad alguna.
En la misma línea, Eduardo Sebastián, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo insistió en que Nueva Rumasa ha aprovechado "un vacío legal" para realizar la emisión de pagarés, que la ley "no podía prohibir, sino sólo advertir sobre el posible riesgo".
Por ahora, ninguno de los 5.000 suscriptores de los pagarés han presentado denuncia o reclamación alguna contra la compañía, aunque varios de ellos se han dirigido ya a la CNMV para solicitar información. El órgano supervisor, que advirtió hasta en siete ocasiones de los posibles riesgos, se ha lavado ahora lógicamente las manos. "Nosotros no tenemos ya nada que decir, ahora tendrán que decidir los jueces", aseguró una portavoz.
Los problemas para Nueva Rumasa, en cualquier caso, no se han acabado. El grupo ha pedido la fase preconcursal para sus diez mayores compañías - Clesa, Dhul, Rayo Vallecano, Carcesa, Hotasa, Garvey, Elgorriaga, Trapa y Quesería Menorquina e Hibramer- y tiene cuatro meses para negociar con sus acreedores. O pacta o entrará en concurso definitivo. La mayoría no se fía y, según dicen, prefieren seguir la vía judicial. Es el caso, por ejemplo, de Inversiones Radó.
"La CNMV informó 7 veces. Hay que estar vigilantes para que no ocurra más".
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