El consejo de administracion de Caja Madrid ha aprobado por unanimidad finalizar, no renovar, y no reconocer, el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad durante el periodo 2007-2010. Los afectados se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril. Granados: "Espero que Zapatero no nacionalice Caja Madrid y la venda a un amigo".
La decisión del máximo órgano de gobierno de la entidad se ha basado en dos puntos: la percepción de fondos publicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la existencia de legislación europea sobre la materia que afectará a esta cuestión cuando se traslade a la normativa española.
Esta decisión se produce después de que la Comunidad de Madrid trasladara a Caja Madrid su oposición al pago de bonus a diez directivos de la caja, entre ellos el ex presidente, Miguel Blesa, que se embolsarían 25 millones de euros en función de un plan de incentivos impulsado por el propio Blesa. Su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, ha decidido acabar con estos bonus.
La Comisión de Retribución de Caja Madrid propuso esta mañana al consejo de administración de la caja madrileña la finalización y no renovación del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección. Asimismo, trasladó una petición para aplazar el abono de la primera prestación a los beneficiarios hasta la devolución de las ayudas recibidas del FROB.
Las propuestas que la comisión de retribución de la caja ha trasladado al consejo de administración obedecen a que la caja ha recibido ayudas públicas, que está inmersa en un proceso de reestructuración tras su fusión y dado la actual situación de crisis económica y financiera.
Los afectados planean recurrir
Los exdirectivos de Caja Madrid que se han visto afectados por la supresión del derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad por un importe conjunto de 25 millones de euros se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril, informaron a Europa Press en fuentes próximas a los afectados.
Las mismas fuentes explicaron que es previsible que la mayoría de exdirectivos afectados por la medida esperen hasta el 31 de marzo, fecha en la que estaba programada la nueva dotación al plan de incentivos, para adoptar una decisión sobre la defensa de sus intereses, que podría pasar en algunos casos por una negociación directa con la caja y en otros por acudir a los tribunales de Justicia.
Lo que descartan los afectados es agruparse y plantear una iniciativa legal conjunta en defensa de sus derechos, dado que el plan de incentivos tenía un carácter individual, pero sí ven probable que algunos opten por entrar en una "batalla judicial".
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