El ex presidente de Metrovacesa Joaquín Rivero ha declarado hoy como imputado por un presunto delito de abuso de información privilegiada al frente de Metrovacesa. Según ha señalado, compró acciones de la inmobiliaria semanas después de que se anunciara públicamente la salida de Luis Portillo de la compañía a un elevado precio por acción, por lo que ha negado que hubiera usado información privilegiada en esas operaciones.
Rivero ha declarado hoy durante hora y media ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por la querella de la Fiscalía Anticorrupción que le acusa de haber obtenido un beneficio de 2,8 millones de euros con la compra de acciones de Metrovacesa en diciembre de 2005, antes de que se conociese que Portillo había vendido el 3,94% del capital.
Esa salida, que no se hizo pública hasta el 30 de diciembre de aquel año, había sido pactada el 24 de diciembre, cuando Portillo acordó vender su paquete accionarial al propio Joaquín Rivero y al entonces máximo accionista, Román Sanahuja, que pagaron un precio muy por encima de la cotización de Metrovacesa en el mercado, lo que disparó las acciones un 9,36%.
Según Anticorrupción, "Joaquín Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esa información a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones".
La compañía informó tarde a la CNMV
Durante su declaración como imputado, Rivero ha asegurado que comunicó a Metrovacesa el mismo día 24 de diciembre el pacto al que había llegado con Portillo y que fue la propia compañía la que no informó hasta el 30 de diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de dicho acuerdo por las dudas sobre su naturaleza de hecho relevante, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.
También ha negado que, en esos días que transcurrieron hasta la publicación del acuerdo, utilizara dos sociedades vinculadas -Quimafa y Eusko Levantear- para pactar la compra de acciones de Metrovacesa.
De hecho, ha asegurado que los datos aportados sobre esas operaciones por la CNMV son "incorrectos", ya que no fue hasta finales de enero de 2006 cuando su sociedad Quimafa compró las acciones de Metrovacesa que habían sido adquiridas por varias entidades financieras a la inmobiliaria antes del 30 de diciembre de 2005.
En la querella, el fiscal Alejandro Luzón sostiene, sin embargo, que Rivero preparó la venta de acciones de autocartera de Metrovacesa a varias entidades financieras antes de que se conociera la salida de Portillo y pactó que las revendieran a Quimafa y Eusko Levantear al mismo precio de adquisición.
Rivero también sostiene que Eusko Levantear, administrada por su amigo Deepak Anand, compró por su cuenta las acciones de Metrovacesa a las entidades financieras y luego se las revendió al conocer su interés en aumentar su participación en la compañía por la lucha que mantenía con la familia Sanahuja.
Precisamente, el juez Eduardo Palop ha citado como testigo a Román Sanahuja el próximo 14 de febrero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también ha solicitado que declaren dos altos cargos de Metrovacesa, así como el administrador de Eusko Levantear.
En esas declaraciones sólo estará presente Metrovacesa como acusación particular, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha rechazado hoy la personación de un accionista minoritario de la inmobiliaria, dado que invirtió en la compañía en 2009 y no se pudo ver perjudicado por los hechos denunciados.
El juez admite la querella contra Joaquín Rivero
