Madrid, 20 sep (EFECOM).- El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta, considera que el problema del mercado del alquiler está en la oferta y no en la demanda, y que su solución pasa necesariamente por la profesionalización del mercado y la promoción de vivienda pública.
En la presentación hoy de un estudio que le fue encargado por la Fundación Alternativas antes de ser nombrado presidente de la SPA, Inurrieta explicó que es necesaria una política tendente "exclusivamente" a proveer viviendas en alquiler, tanto de gestión pública como privada.
Explicó que el desarrollo de un mercado profesionalizado es uno de los ejes del plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler del Gobierno, del que de momento solo se han anunciado dos medidas centradas únicamente en la demanda.
Al ser preguntado por las similitudes de estas medidas con iniciativas anteriores, Inurrieta recalcó que lo fundamental de este plan es el "cambio de filosofía", ya que se trata de la primera apuesta decidida para dignificar y fomentar "exclusivamente" el alquiler.
En el estudio elaborado para la Fundación Alternativas, Inurrieta se muestra partidario de dedicar todo el esfuerzo y gasto público a la vivienda en alquiler, eliminando los incentivos a la compra de vivienda, y de conceder las ayudas directas solo en función de la renta, independientemente de la edad.
No obstante, cree que se deberían primar las ayudas a los hogares monoparentales con hijos a su cargo, mujeres maltratadas, jóvenes y mayores que abandonen el hogar paterno o se instalen en zonas cercanas a ciudades sanitarias.
Asimismo, el estudio de Inurrieta expone la necesidad de una mejora de las estadísticas oficiales sobre vivienda para dotar al mercado de una mayor transparencia.
El informe parte de una situación en la que existe un fallo del mercado de alquiler que requiere la intervención pública, ya que del parque de vivienda actual de aproximadamente 15 millones sólo 1,8 millones (el 11 por ciento) se destinan al alquiler y sólo el 1 por ciento es alquiler de protección oficial.
Con respecto a las ayudas directas, el informe señala que se podría financiar el coste mensual de 290 euros de alquiler (precio del alquiler protegido) para todos aquellas personas cuyos ingresos estén por debajo de 25.000 euros anuales.
Para ello, sería necesario incrementar el parque de vivienda protegida en alquiler desde los 1,8 millones actuales hasta los 3 ó 3,5 millones.
El informe explica que esto es factible si los ayuntamientos facilitan la cesión de suelo público, dado que los promotores ya cuentan con los beneficios fiscales (las empresas que se dediquen en exclusiva a la promoción de vivienda publica en alquiler están exentas del 99 por ciento del impuesto de sociedades).
Pero para llegar hasta un parque de viviendas en alquiler del 30 por ciento del total (media de la Unión Europea), aproximadamente cinco millones de viviendas, es necesario además fomentar un mercado profesional mediante el desarrollo legal de las REIT, sociedades cotizadas que canalizan ahorro (como un fondo de inversión), promueven el alquiler (como una inmobiliaria) y cuentan con ventajas fiscales.
Inurrieta explicó que el Gobierno ya trabaja en el proyecto de ley que regulará las REIT, que -dijo- serán una realidad en la próxima legislatura.
En lo que respecta a las deducciones fiscales, Inurrieta se muestra en su informe partidario de eliminar el apoyo fiscal a la compra o, en defecto, igualar ese apoyo a los inquilinos.
Sin embargo, al calcular el impacto derivado de la eliminación de la desgravación del IRPF por compra de vivienda habitual concluye que la tasa de alquiler subiría el 6,4 por ciento, mientras que la de propiedad disminuiría el 6,5 por ciento. EFECOM
mmr/lgo
