Son muchos los empresarios que contratan a despachos de abogados y fiscalistas para pagar menos impuestos. El problema es que muchas veces esos despachos, en su afán por fidelizar al cliente, cruzan algunas líneas rojas e incurren en presunto fraude fiscal. Entonces el cliente tiene que afrontar las reclamaciones de Hacienda.
Ésta es la versión que se ha dado sobre lo que le está ocurriendo a la familia Carulla, una de las sagas empresariales más importantes de Cataluña que controla, entre otras cosas, el grupo Agrolimen (dueño de Gallina Blanca, Ausonia o Pans & Company).
El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha abierto diligencias por presunto delito fiscal contra seis miembros de la familia Carulla. En el centro de la trama aparece Jordi Carulla Font, uno de los seis hermanos cuyo domicilio está ubicado en Londres, pero que hace vida en Barcelona. Tras ser citado por el juez, ayer Jordi Carulla acudió a declarar y defendió la legalidad del entramado de empresas propiedad de su familia.
Evasión de impuestos
El juez investiga a los Carulla por presuntamente haber utilizado el entramado de empresas para evadir impuestos. En concreto, las pesquisas se centrarían en la venta de unas acciones del grupo familiar a dos sociedades de un paraíso fiscal controladas a su vez a través de dos sociedades también de la familia, con el objetivo de eludir los impuestos españoles.
En su declaración, que ha durado poco más de dos horas, Carulla explicó que en el año 1983 vendió sus acciones de Agrolimen y se fue a vivir a Estados Unidos, donde inició varios negocios. En 1994 quiso volver a invertir en Agrolimen y fue entonces cuando inició de nuevo relaciones con el entramado familiar, según fuentes judiciales.
Para argumentar su defensa, Carulla aseguró que la decisión de situar algunas de las empresas en paraísos fiscales de Sudamérica y de las Antillas Holandesas se basa en motivos de estructura corporativa y que en breve entregará nueva documentación para justificar varias de las operaciones de algunas de las empresas de las que es administrador. También aportó una cincuentena de documentos para justificar, entre otros, su residencia fuera de España desde principios de los 80, por lo que no tiene obligación legal de tributar en España.
A la salida de la declaración, los abogados de Carulla, Emili Zegrí y Fermín Morales, destacaron que las diligencias de investigación parten de un informe genérico de la Agencia Tributaria, en el marco de otra operación, y que no hay un expediente tributario ni un informe de delito fiscal.
El origen de la investigación
La investigación sobre los Carulla procede de unas diligencias abiertas en 2008 por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra la Hacienda Pública, a raíz del análisis de los movimientos bancarios del banco portugués Espirito Santo, cuyas sedes fueron registradas en el año 2006 en el marco de una operación del juez Baltasar Garzón contra el blanqueo de capitales. Ahora la Audiencia ha traspasado la parte de la investigación sobre los Carulla al juzgado de Barcelona.
Según un informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad de Agrolimen, en el ejercicio 2006-2007 los accionistas podrían haber cometido presuntamente fraude fiscal en la corporación, a través de una compleja operación de ingeniería financiera. Con esa trama societaria habrían eludido una parte de su IRPF, Patrimonio y las empresas del grupo habrían desviado parte del Impuesto de Sociedades.
¿En qué consistía esa operación y qué objetivo tenía? La operación realizada en noviembre de 2006 tenía dos metas. Primero reestructurar el grupo societariamente y blindarlo ante la llegada de la tercera generación y, segundo, hacerlo de forma que los miembros de la familia tuvieran que pagar los mínimos impuestos en España.
En el origen de la trama se encuentran dos sociedades domiciliadas en las Antillas Holandesas: Marimare Investments y Venelpark, que poseen el 15,64 y el 14,06% de las acciones de Agrolimen, respectivamente. Estas dos compañías están administradas por Jordi Carulla, el hermano que tiene la condición fiscal de no residente en España.
Además, Jordi Carulla preside Converal Inversiones y Pronver Inversiones, empresas españolas que controlan el 27 por ciento de Arborinvest, la sociedad de Agrolimen que comparte el capital de Ausonia-Arbora al 50 por ciento con la multinacional Procter & Gamble. Sin embargo Converal y Pronver son filiales al cien por cien de Antiga Grupo Sur y GrupoCost respectivamente. Estas dos sociedades, domiciliadas en Uruguay y Costa Rica, son foco de la investigación judicial ya que el traspaso de las participaciones podría haberse realizado presuntamente sin abonar los correspondientes impuestos.
Ante la apertura de la investigación por parte de la Audiencia Nacional, los Carulla intentaron repatriar todas las sociedades a España. Sin embargo, ya era tarde y Hacienda había empezado a investigar un fraude que, según fuentes judiciales, podría ascender a entre 160 y 180 millones de euros.
Un juez investiga a los Carulla por fraude
