ING vuelve a estar otra vez en el punto de mira de las entidades españolas. El sector de cajas prepara una batería de quejas al Ministerio de Economía, en la que tendrá un lugar destacado la sucursal española de ING Direct.
En la reunión que previsiblemente mantendrá en las próximas semanas la patronal CECA con representantes del Ministerio para analizar la situación del sector tras el cambio normativo, la confederación exigirá que Economía no ponga en marcha más medidas discriminatorias y que dé un trato igual a todas las entidades que operan en España, sean nacionales o extranjeras. Esta queja se produce porque las entidades que realizan su actividad a través de sucursales, y no de filiales, escapan de las reglas que se imponen al sector desde el Banco de España.
Así, el endurecimiento de los requisitos de solvencia hasta el 8 por ciento en el supuesto más suave dará ventaja operativa a las entidades que no deban destinar recursos extras a fortalecerse, donde el caso más llamativo es el de ING Direct.
Esta entidad financiera ya soliviantó al resto de entidades a principios de 2009, cuando aprovechó las ayudas públicas de su matriz holandesa para continuar con agresivas campañas comerciales. Meses después, fue obligada por las reglas de la Comisión Europea a moderar sus ofertas, lo que provocó un cambio de estrategia en España.
La inmensa mayoría de entidades europeas y estadounidenses instrumentaliza su presencia en nuestro país a través de filiales. Esto conlleva que deben atenerse a las mismas exigencias que el resto del sector y facilitar información detallada de sus resultados. Este es el caso de Barclays, Deutsche Bank, Citi o BNP Paribas.
No será la única queja que presenten las cajas en Economía. Según aseguran fuentes conocedoras de las intenciones de la CECA, otra cuestión de la que se lamentarán es de la inseguridad jurídica que ha provocado un anuncio de intenciones sobre un cambio fundamental para sus planes estratégicos.
Por ello, solicitarán que cuando el Ministerio acometa una reforma no exista anuncio previo que, por un lado, desate todo tipo de especulaciones en los mercados y, por otro, les obligue a cambiar sus objetivos sin saber los detalles concretos de la modificación normativa.
Además, también reclamarán que, en vez de hablar con el sector con los cambios consumados, sea consultado antes, de tal forma que ellos puedan exponer los efectos adversos que puede generar, para que el Ministerio los someta a su consideración, y también, si fuera posible, alcanzar un consenso, como ya ocurrió en ocasiones recientes, como en la modificación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca).
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