Madrid, 16 sep (EFECOM).- El abogado Miguel Bajo, especialista en derecho penal ligado a los delitos económicos, se hará cargo de la defensa del presidente de Gescartera, Antonio Camacho, el principal acusado en este caso de estafa que empezará mañana en la Audiencia Nacional.
Así lo indicaron fuentes jurídicas, quienes explicaron que, después de varios cambios de letrado durante la instrucción del sumario la defensa de Camacho ha pasado a Miguel Bajo, quien ha participado, entre otros casos, en la defensa de ejecutivos imputados en las cuentas secretas del BBV o la acusación del caso Urbanor y las presuntas estafas cometidas por el financiero Javier de la Rosa en KIO y Torras.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Antonio Camacho, que ha cumplido ya más de tres años de prisión preventiva, once años de cárcel por dos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad.
Según fuentes jurídicas, letrados como Tomás Torres y Carlos Cabrero han estado relacionados con la defensa de Antonio Camacho, que logró terminar, el pasado mes, sus estudios de Derecho que comenzó en la cárcel madrileña de Soto del Real, de la que pudo salir, en julio de 2004, tras abonar 300.000 euros de fianza.
Acusaciones como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) han criticado que la justicia haya permitido a Antonio Camacho colaborar supuestamente con la asesoría financiera Antdus Friaza SL o participar en la adquisición de un chalet en Boadilla del Monte (Madrid) por más de 1,2 millones de euros, gracias al pago de una hipoteca, según han publicado varios medios de comunicación.
Antonio Camacho fundó Gescartera Dinero SGC en mayo de 1992, era su principal accionista con el 76,6 por ciento del capital y, según el fiscal Vicente González-Mota, "dispuso en interés propio" casi siete millones de euros, en su mayor parte -más de 4,6 millones- después del 1 de enero de 1998.
Precisamente el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González-Mota y la teniente fiscal Anticorrupción Belén Suárez Pantín compartirán la acusación del Ministerio Público durante el juicio que se inicia mañana en las instalaciones de la madrileña Casa de Campo, en lo que se considera como la última oportunidad de los clientes para recuperar parte del dinero invertido. EFECOM
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