Acusaciones intensificarán en juicio acciones contra La Caixa y Caja Madrid

(Corrige en el primer párrafo la palabra complicidad que debe ser sustituida por la palabra responsabilidad)

Madrid, 15 sep (EFECOM).- Varios abogados de las acusaciones consultados por EFE anunciaron que intensificarán, durante el juicio oral del caso Gescartera, que comienza el próximo lunes en la Audiencia Nacional, las acciones para demostrar que hubo responsabilidad por parte de Caja Madrid, La Caixa y otras entidades financieras.

Estas acusaciones particulares y populares indican que además de la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, podría haber culpabilidad de Bankinter, Deutsche Bank y HSBC, entidades que, a su juicio, participaron en la operativa de apropiación indebida y estafa por la que catorce imputados se sentarán en el banquillo de los acusados.

Durante los tres meses que durará este juicio, que se celebrará los lunes, martes y miércoles de cada semana hasta el próximo 19 de diciembre, estas acusaciones, que representan a más de 1.600 inversores, intentarán demostrar que los responsables de Gescartera, con Antonio Camacho a la cabeza, formaron un "entramado financiero" para tapar una estafa por más de 52 millones de euros.

Varias acusaciones particulares y populares consultadas indican que, tanto en estas entidades financieras como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya presidenta Pilar Valiente dimitió en 2001 como consecuencia del escándalo, faltaron los controles necesarios para detectar estas operaciones presuntamente ilícitas.

De hecho, tanto el subdirector como el director de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de ser cómplices en un delito de apropiación indebida, ya que facilitaron supuestamente certificaciones de la fiabilidad de las operaciones de Gescartera.

Debido a la actuación de estos dos empleados, las acusaciones mantienen que es muy posible una sentencia condenatoria contra La Caixa en cuanto responsable civil subsidiaria, cargo al que se enfrenta también, pese a no tener trabajadores imputados, Caja Madrid Bolsa, que ejecutaba las órdenes de compra y venta de valores que le venían ordenadas desde Gescartera.

Aunque también figuran como responsables civiles otras sociedades como Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones, BC Fisconsulting o Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), según las acusaciones, las posibilidades de encontrar patrimonio significativo que palíe las pérdidas de los clientes son remotas.

También tanto la Fiscalía Anticorrupción como buena parte de las 46 acusaciones representadas en este juicio oral consideran muy improbable que los catorce acusados, con Camacho, Pilar Giménez-Reyna y José María Ruiz de la Serna, a la cabeza, den pistas para aclarar el destino del dinero que se apropiaron de sus clientes.

De hecho, en los casi nueve años de funcionamiento de Gescartera, más de 4.000 clientes -aunque buena parte "ficticios", según Anticorrupción- engrosaron en su cuenta unos depósitos anuales en valores cercanos a los 400 millones de euros, con los que los responsables de la agencia de valores llegó a defraudar más de 50 millones de euros.

La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dedicado buena parte de los seis años de instrucción de este sumario a encontrar caminos con los que sacar a la luz los fondos desviados desde la agencia de valores, aunque el fiscal anticorrupción Vicente González Mota ha reconocido que es una "tarea enormemente dificultosa" ya que su ocultación era "una finalidad buscada por los acusados".

Una maraña de testaferros y familiares ha dificultado un mayor seguimiento de este dinero que puede haber servido, según algunas acusaciones particulares, para que el propio Antonio Camacho haya comprado, a través de alguna sociedad, propiedades inmobiliarias o incluso haya llegado a trabajar para una asesoría financiera.

Tampoco se ha podido estudiar a fondo, según estas fuentes, la actividad de Gescartera desde su fundación, ya que las entidades financieras sólo tenían obligación de guardar los datos de sus clientes en los últimos cinco años.

Con todos estos antecedentes, según las acusaciones, es poco probable que los clientes recuperen más de los 26 millones con los que les ha indemnizado el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que se ha convertido así ahora en el mayor damnificado por la apropiación indebida de Gescartera.

Puestos en contacto con fuentes de Caja Madrid y La Caixa, ninguna de las dos entidades financieras ha querido hacer comentarios sobre los cargos que les imputan las acusaciones. EFECOM

dsp/mdo

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