Armas para censurar los contenidos de las páginas webs que no paguen derechos de autor. Ese es, tras el canon digital, el principal objetivo en estos momentos de SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores.
"No hay que echarse las manos a la cabeza por este procedimiento, vigente en otros países de Europa. Lo que no se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados", advierte Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de SGAE.
Medidas sin autorización judicial
Su objetivo es que la organización pueda bloquear los contenidos que considere ilícitos sin necesidad de tener una orden judicial, como ocurría hasta ahora. "La historia es la misma que si alguien entrara en tu casa, se llevara la televisión y luego intentará venderla a través de Internet. Hay que impedirlo", asegura otra de las entidades que gestiona los derechos de la propiedad intelectual.
Las sociedades que defienden a los autores reclaman incluso poder actuar directamente contra los particulares que tengan en su ordenador personal al menos diez archivos en sus carpetas públicas de intercambio.
Precedente poco esperanzador para la SGAE
Pero no lo van a tener nada fácil. Aunque el Ministerio de Industria parece dispuesto a estudiar de nuevo fórmulas que satisfagan a los autores, no hay que olvidar que el Gobierno ha dado este mismo año marcha atrás en un proyecto que hubiera aportado las armas que reclama SGAE.
Tras aprobar un artículo en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) en el que autorizaba la censura sin orden judicial, lo retiró a última hora en su tramitación al Congreso tras la oposición del Consejo de Estado.
Aquel proyecto, que podría ahora retomarse, establecía que las entidades de gestión están "legitimadas" para comunicar a los prestadores de servicios web (acceso a la Red o alojamiento de datos) una posible infracción en el plazo de diez días.
Transcurrido otro periodo similar para la presentación de alegaciones, y en caso de no haber respuesta, el prestador de servicios está obligado "a bloquear o deshabilitar el acceso del material que sea presuntamente ilícito" en el plazo de dos días, algo que, de momento, sólo es posible mediante mandato judicial.
La firma triplica su beneficio
Pese a los problemas con Internet y al retraso en la tramitación de la orden ministerial que preparan Industria y Cultura para establecer que productos deben pagar el canon digital y con qué importe, a SGAE no le va nada mal. Según sus últimas memorias, su beneficio neto se triplicó el año pasado, hasta 792.000 euros.
¿Por qué? La sociedad registró una devolución de Hacienda de 455.000 euros, que impulsó de forma extraordinaria sus resultados. SGAE ingresó el año pasado 342,6 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de más del 8,5 por ciento respecto al año anterior gracias, según dice, a "una gestión eficaz y transparente".
Y por si fuera poco ha lanzado un plan de crecimiento hasta 2009 para alcanzar una facturación 425 millones, el doble de lo que registraba a comienzos de la presente década.
