Las empresas tendrán sus propias armas para luchar contra abusos competencia

Patricia de Arce

Madrid, 1 sep (EFECOM).- La nueva Ley de Defensa de la Competencia, que entra hoy en vigor, intensifica la batalla contra los abusos de posición de dominio en el mercado, y da a las empresas un mayor protagonismo en esta misión: con el autocontrol, el recurso a los jueces o incluso el "chivatazo" contra los cárteles.

La creación de un único órgano independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que aunará las labores investigadoras y resolutivas -hasta ahora repartidas en el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal- es el logro más comentado de esta norma, junto a la limitación de la intervención del Ejecutivo en los procesos de concentraciones empresariales.

Sin embargo, son otros los aspectos de la ley que más presentes estarán en el día a día de la actividad empresarial.

Así lo apuntan abogados especializados en Competencia que asesoran a las principales compañías españolas, que sitúan el procedimiento de clemencia en los cárteles y la posibilidad de recurrir a los jueces como dos de las más ventajosas novedades de la ley.

El denominado procedimiento de clemencia consiste en el "chivatazo" por parte de empresas y directivos que, conocedores o participantes de la existencia de un cártel, podrán redimirse y librarse de sanción con su colaboración con la CNC.

Este sistema ha tenido en Europa una "efectividad tremenda", según subrayó a EFE Antonio Creus, abogado de DLA Piper, quien recordó que la práctica totalidad de los cárteles multados por la Comisión Europea de la última década fueron descubiertos gracias a terceros.

Tanto Creus como Jaime Folguera, director del área de Competencia de Uría & Menéndez, advierten de que en España la clemencia sólo será efectiva si se aplican sanciones duras, que disuadirán a las empresas de formar cárteles y animarán al chivatazo para librarse de la multa.

Hasta ahora, la multa más alta impuesta en España por cártel fue al de las azucarera (4,9 millones de euros), mientras que la más elevada en general, por abuso de posición de dominio, fue una de 57 millones a Telefónica -anulada por la Audiencia Nacional-, cifras muy lejanas a los 992 millones de multa impuestos por la CE a cuatro empresas europeas por un cártel del sector de los ascensores.

La nueva ley da mayor precisión a las sanciones en España, que puede llegar al 10 por ciento del volumen de negocios de una empresa, una cantidad que puede hacer "mucha pupa" a grandes compañías como las del IBEX-35, advirtió Creus.

También cambiará mucho el panorama la posibilidad de las empresas de acudir a la justicia cuando vean amenazada la competencia en su sector, independientemente de la investigación o resolución que se haga desde la CNC.

Jaime Folguera señaló en este sentido que ahora los tribunales mercantiles, aunque no puedan multar, tendrán instrumentos para actuar sobre conductas lesivas de la competencia, y podrán tomar medidas que en ocasiones son "mucho más contundentes" que la sanción.

De esta forma, ante una operación, una empresa podrá ir a un juez y pedir medidas cautelares, daños y perjuicios, sin esperar al pronunciamiento de la autoridad de Competencia.

Otra novedad es la autoevaluación de las empresas sobre los acuerdos restrictivos con otras compañías, sistema que elimina la autorización previa y obliga a las compañías a decidirse "en función del análisis de los mercados y de su propia posición competitiva", apuntó Folguera.

Lo cierto es que las principales firmas españolas ya hacen esta práctica, incluida en la normativa comunitaria en 2003 y de obligado cumplimiento para cualquier operación dentro de la UE.

Muchas son en definitiva las novedades de esta ley, que entre sus cambios más celebrados está el que limita la capacidad de intervención del Gobierno en las concentraciones empresariales a los casos que afecten a determinados criterios de interés general.

Alfonso Gutiérrez, también abogado de Uría & Menéndez, considera que la CNC resolverá "el 95 por ciento" de las concentraciones, aunque el Ejecutivo tiene "una baza en la partida" que en su opinión se ha reservado para sectores como el de los medios de comunicación o el energético, "mucho más sensible".

El Ejecutivo intervendrá así en singulares ocasiones, si se atiene a los criterios que marca la norma, entre los que están la seguridad nacional, seguridad y salud púbicas, libre circulación de bienes y servicios o la "garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial".

Además, el Gobierno ya sólo tendrá algo que decir si de verdad afecta al interés general, cuando la CNC prohíba o apruebe con condiciones una operación, ya que no podrá hacer nada si la nueva autoridad de Competencia la aprueba sin condiciones.

La nueva CNC inicia hoy su andadura inmersa aún en un proceso de transición, en el que los antiguos vocales del Tribunal -ocho- serán ahora los nuevos miembros del Consejo -seis según la nueva ley- hasta el final de su mandato.

Todos a excepción de uno, el hasta ahora vicepresidente del TDC, Javier Huerta, que con su salida adelanta el cambio al nuevo Consejo hasta su nueva configuración con seis vocales.EFECOM

pamp/mdo

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