Los emolumentos que van a percibir el abogado Edorta Etxarandio Herrera y los economistas y auditores Rafael Martín Rueda y Pedro Tortosa Mondéjar, los tres administradores concursales de Viajes Marsans, no tienen nada que envidiar a los sueldos que percibían los controladores aéreos o los que ingresan algunos presidentes de las empresas que cotizan en el Ibex 35.
La actividad laboral de unos y otros es diametralmente opuesta, pero sirve para reflejar la realidad de un reducido colectivo de profesionales ligado al mundo judicial y económico, que por el desarrollo de un trabajo temporal cobran cantidades muy elevadas a cambio de aportar sus conocimientos profesionales.
En concreto, los tres administradores concursales designados por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid el pasado 25 de junio percibirán a título individual una cifra próxima a los 750.000 euros, procedentes de la masa de la centenaria agencia de viajes, cuyo concurso necesario fue declarado el mismo día por la juez que entiende el caso, según informan fuentes cercanas al proceso.
De acuerdo con la Ley Concursal, que hoy será reformada por el Consejo de Ministros, la juez, previo informe de la propia administración concursal, ha sido la encargada de fijar por medio de un auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deberá ser satisfecha. La titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego Sánchez, ha fijado 750.000 euros atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo, así como a la previsible complejidad del concurso declarado.
Las fuentes consultadas aseguran que los tres administradores concursales han cobrado hasta la fecha una cantidad mínima superior a los 200.000 euros a cambio de las labores desarrolladas, que además cuentan con el apoyo del despacho valenciano Broseta Abogados y más en concreto con la experiencia de Antonia Magdaleno, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, quien ha participado en otros concursos de acreedores de empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria, como Llanera, grupo Urazca y Martinsa Fadesa, hasta la fecha la mayor suspensión de pagos de una empresa acontecida en España.
Marsans tiene un agujero de 373 millones
