MADRID (Reuters) - El Gobierno español cuenta con que la restrictiva reforma de la ley antitabaco, que prohibirá fumar en prácticamente todos los espacios cerrados de uso público, entre en vigor el 2 de enero, pese a las quejas sobre su impacto en la economía del sector de la hostelería.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró el lunes que la ley contaba con el respaldo de una "mayoría abrumadora de los ciudadanos" y que saldría adelante con "un gran consenso" después de haber escuchado "a todos los sectores".
La norma prohibirá fumar en locales como restaurantes, bares o discotecas que habían quedado exentos en su mayor parte de la primera ley, aprobada en 2005, que impidió fumar en centros de trabajo.
La ley se encuentra en estos momentos en plena tramitación en el Senado, cuyo pleno debe aprobar esta semana unas enmiendas que podrían echar para atrás algunos de los puntos claves de la norma, al proponer una moratoria de entrada en vigor de seis meses o la habilitación de zonas o "cubículos" para fumadores en bares y restaurantes.
Sin embargo, Pajín confió en que la ley definitiva que salga del Congreso de los Diputados contenga las directrices iniciales defendidas por su departamento, que no prevé excepciones para este tipo de locales, muchos de los cuales invirtieron elevadas sumas de dinero en separar las zonas de fumadores en sus establecimientos.
"Entre hoy y mañana se votarán en el Senado las enmiendas de esta ley y la idea es que el debate final en el Congreso se pueda producir precisamente antes de que acabe el año, porque el ministerio, con todo el respeto a las cámaras y a su debate de aprobación final, trabaja con el objetivo claro de que el 2 de enero entre en vigor esta ley", afirmó la ministra en un desayuno informativo.
CRÍTICAS DESDE LA HOSTELERÍA
El sector de la hostelería ha criticado la reforma y estima que se perderán unos 350.000 empleos con su endurecimiento, con un impacto de más de 7.000 millones de euros.
La industria esgrime informes como uno reciente del Instituto de Estudios Económicos, que prevé una caída de las ventas de bares, restaurantes y cafeterías de hasta un 10 por ciento y una pérdida de empleo de entre el 3 y el 3,5 por ciento como consecuencia de la nueva normativa en un sector que genera en torno al 7 por ciento del PIB y emplea a 1,5 millones de personas.
Sin embargo, Pajín respondió citando otros estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros países vecinos con "leyes prácticamente iguales o muy similares" que descartaban repercusiones económicas por la prohibición de fumar en estos locales.
"El Estado no se mete en la decisión individual de fumar o no (...) pero nuestra obligación es garantizar la salud pública de la población", dijo Pajín, señalando que cada año mueren en España más gente por enfermedades que tienen que ver con el tabaquismo que por el sida y o por accidentes de tráfico.
A las puertas del hotel donde comparecía la ministra, alrededor de una decena de personas se manifestó con carteles y silbatos tras una pancarta en la que se leía "Prohibición total = Ruina de la hostelería".
La reforma pretende declarar zona libre de humo todos los recintos comprendidos en los centros sanitarios, también los ubicados al aire libre. Lo mismo sucede con los centros formativos, salvo en los espacios al aire libre de las instalaciones dedicadas a la formación de adultos, como universidades. Tampoco se podrá fumar en los parques y zonas de juego infantiles al aire libre.
En cuanto a hoteles y hostales, se prevé que puedan habilitarse hasta un 30% de habitaciones fijas para huéspedes fumadores, señalizadas de manera permanente y a las que los trabajadores sólo podrán acceder, cuando haya algún cliente en su interior, en caso de emergencia.
También se permitirá fumar a los internos de centros penitenciarios y psiquiátricos en las zonas exteriores de sus edificios que puedan considerarse de aire libre, así como a los residentes en centros residenciales de mayores o discapacitados.
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