Zapatero defiende como una necesidad el estado de alarma

MADRID (Reuters) - El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió el jueves la necesidad de declarar el estado de alarma para hacer frente a una situación "calamitosa" y devolver la normalidad al tráfico aéreo español, paralizado por una huelga encubierta sorpresa de los controladores el pasado fin de semana.

Zapatero detalló al pleno del Congreso de los Diputados la sucesión de acontecimientos que llevaron al Gobierno a decretar el estado de alarma durante 15 días desde el sábado pasado, después de que los controladores abandonaran masivamente sus puestos de trabajo un día antes alegando indisposición y paralizando la actividad de los aeropuertos en víspera del puente festivo más extenso del año.

"El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con el principio de proporcionalidad que subyace a la previsión del estado de alarma y que exige que la situación a la que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante los instrumentos ordinarios con los que cuenta" declaró Zapatero en una intervención de media hora.

"La situación generada por la intensidad y la extensión de sus efectos y - por el modo en que se desencadena, en abierta rebeldía con el estado de derecho con sus normas e instituciones - originando una considerable y creciente alarma social, era una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla", agregó.

El presidente relató que en las horas previas al plante de los controladores, el Ministerio de Fomento tuvo indicios de que podría producirse una huelga encubierta cuando en Santiago de Compostela y Canarias numerosos controladores comenzaron a causar baja alegando que ya habían cumplido las horas laborales establecidas.

Estos indicios llevaron al Gobierno a adoptar un real decreto el viernes precisando una norma anterior aprobada en agosto y que limitaba el número de horas anuales a 1.670.

Por la tarde, una vez que el espacio aéreo tuvo que ser cerrado progresivamente en todo el país, el Gobierno volvió a reunirse con los representantes de los controladores, una cita que fracasó, lo que llevó al Ejecutivo a dar el mando del control aéreo al Ministerio de Defensa y a decidir de madrugada convocar un Consejo de Ministros para declarar el estado de alarma.

OPCIONES AGOTADAS

Zapatero, que reconoció que esta crisis ha causado graves consecuencias económicas y ha dañado la imagen de España tras atrapar a cientos de miles de pasajeros, dijo que la prioridad del Gobierno ahora era depurar responsabilidades y facilitar el resarcimiento de daños y perjuicios.

(El Gobierno tiene) la voluntad de garantizar que nadie ni individual ni colectivamente puede tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos a los que privan de un servicio público esencial", advirtió el presidente.

El jefe del Ejecutivo recordó que había varias causas abiertas por los paros: una en la Fiscalía General del Estado - a la que se suman las denuncias de particulares afectados -, otra en AENA con expedientes disciplinarios y laborales y una tercera en la Agencia Española de Seguridad Aérea por presunta vulneración de la ley que garantizaba la seguridad en dicha área.

La Fiscalía General del Estado anunció el jueves que propondrá penas de entre tres y ocho años de prisión por un presunto delito de sedición para los controladores, según diversos medios, mientras algunos de estos trabajadores comenzaban a prestar declaración ante la fiscalía madrileña por lo sucedido.

"Establece la ley que los dirigentes (..) tienen una sanción mayor pero en principio la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo", dijo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en citas recogidas en RNE.

Los controladores, que recurrieron ante el Tribunal Supremo los decretos aprobados por el Gobierno, reiteraron el jueves - cuando una decena de ellos compareció ante la Fiscalía Provincial de Madrid - que la responsabilidad del caos aéreo era compartida entre el colectivo de trabajadores, AENA y Fomento.

"La empresa fue quien cerró el espacio aéreo y decidió que los aviones no salieran. El clima de agitación impidió a muchos trabajadores ir desempeñando su trabajo pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando, no en las mismas condiciones, pero se podría haber seguido volando", dijo a las puertas del tribunal un portavoz de los controladores, César Cabo.

AENA respondió a estas acusaciones con una nota en la que dijo que el sindicato de controladores USCA estaba intentando engañar a la opinión pública "en un intento a la desesperada para eludir sus responsabilidades después de pisotear los derechos de los ciudadanos".

A los derechos de los usuarios se refirió también la organización de consumidores FACUA, que tiene previsto denunciar al sindicato por la vía penal y al Gobierno de España ante la UE por mala asistencia durante una crisis que consideró la más grave para los ciudadanos de los últimos años.

"Que sea la Comisión Europea la que evalúe al Gobierno de España y lo expediente y si entiende que no está cumpliendo con sus obligaciones sancione al Gobierno de España por estas prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores", dijo el portavoz de FACUA Rubén Sánchez.

APOYO, INEFICACIA

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, apoyó al Gobierno en la declaración del estado de alarma para poner fin a una situación insostenible, pero le acusó de ineficacia e improvisación que derivó en la situación vivida el fin de semana.

"Tal vez usted a esas alturas no supo hacer otras cosa, no se lo voy a reprochar, pero la declaración del estado de alarma equivale una declaración de impotencia que sienta un precedente a la hora de abordar futuros conflictos", dijo Rajoy.

El líder del PP acusó al Gobierno de negligencia y de "no hacer nada hasta que no le queda más remedio" para luego resolverlo de cualquier manera.

"Deja que las situaciones se deterioren hasta lo insoportable y eso nos obliga a prestarle apoyo para buscar una salida in extremis. Cuando los problemas envejecen por la negligencia del Gobierno se resuelven mucho peor y usted lo sabe bien: le ha ocurrido con la crisis económica, con las reformas y los controladores", manifestó Rajoy.

El ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá en el Congreso el 14 de diciembre para facilitar detalles pormenorizados de la situación del control aéreo.