Anticorrupción acusa a Rivero de uso ilícito de información privilegiada
madrid. Joaquín Rivero vuelve a enfrentarse a una batalla judicial por su época como presidente de Metrovacesa. Lejos de sus tradicionales peleas con Sanahuja por la constructora, el juez ha admitido a trámite la querella contra él por el uso indebido de información privilegiada para obtener beneficios con la compra venta de acciones de Metrovacesa. Según el titular del Juzgado de Primera Instancia, Eduardo López Palop, existen suficientes indicios de delito para abrir diligencias de investigación, ya que la querella presentada por anticorrupción está "suficientemente fundamentada".
Aunque por el momento el juez no ha determinado la condición procesal ni ha señalado fecha alguna, Rivero se enfrenta a un delito de uso de información privilegiada que podría suponerle una multa por el triple del beneficio que se le imputa (2,8 millones), inhabilitación especial y pena de cárcel.
Rivero niega que las operaciones por las que se le acusa tengan que ver con el uso de información privilegiada. Fuentes conocedoras del caso alegan que la compra de títulos se enmarca en un momento de guerra accionarial contra Sanahuja para posicionarse en la compañía y defenderse de la opa que iba a lanzar. Anticorrupción le acusa por unos beneficios obtenidos a través de la compra de acciones por equity swaps que luego vendió.
