Caracas, 10 ago (EFECOM).- El gobierno venezolano decretó la "adquisición forzosa" de la empresa Corporación de Cemento Andino, propiedad de la colombiana Argos, como primer paso para su expropiación.
El decreto 5.488 que declara la "adquisición forzosa" de la Corporación de Cemento Andino entró en vigencia hoy, un día después de su publicación en la gaceta oficial número 38.743, de acuerdo con la legislación local.
El mencionado decreto dispone que "para la ejecución de la obra 'Desarrollo Endógeno Cementero Andino' se decreta la adquisición forzosa de los bienes que conforman el Complejo Cementero Andino, que sean indispensable para la ejecución de esa obra que en él se especifican", indicó la gaceta oficial.
La Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó el pasado 3 de agosto el decreto para la expropiación de la Corporación Cemento Andino S.A., amparada en el artículo 13 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública social, informó el Legislativo.
La AN, de 167 miembros, todos afectos al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, argumentaron que la "producción y comercialización del cemento es considerada prioritaria para el cumplimiento de las metas en materia de construcción de viviendas del gobierno".
La colombiana Argos, que compró la cementera venezolana en enero de 1998 por 81 millones de dólares, reclama al Estado el pago de "230 millones de dólares por daño patrimonial, lucro cesante e inversión afectada", señaló el gerente general de la Corporación Cemento Andino, Pablo López, según publicó hoy la prensa local.
"La indemnización es discriminada así: 81 millones de dólares por una planta que sólo producía 200 toneladas anuales de clikler, material base del cemento; 100 millones de dólares por elevar la producción a 750 toneladas en 2006 y mejorar la infraestructura, y el resto por lucro cesante desde agosto de 2006", señaló López.
Según López, en agosto de 2006 Jesús Ramos Farías, fundador de la cementera venezolana, "tomó por la fuerza las instalaciones (de la cementera) asistido por un tribunal", de acuerdo a lo publicado por la prensa local.
La Sala Constitucional del Supremo venezolano decidió la semana pasada ceder la administración de la Corporación Cemento Andino al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, en el marco de la intervención que desde hace un año rige en la empresa.
La Sala Constitucional debe aún determinar la titularidad del 60 por ciento de las acciones privadas del complejo cementero, que se disputan en una batalla legal iniciada en 2006 el grupo colombiano Argos y el empresario Ramos Farías, de acuerdo con la información oficial.
El gobierno venezolano ha decretado la expropiación de terrenos y de algunas empresas privadas nacionales, entre ellas procesadoras de tomate y de azúcar, por estar en estado ocioso o sub-utilizadas.
A principios de año, el gobierno de Chávez nacionalizó las principales empresas telefónica, CANTV, y eléctrica, Electricidad de Caracas, por las que pagó a las estadounidenses Verizon y AES un total de 572,24 millones de dólares y 739,26 millones de dólares, respectivamente. EFECOM
gf/cpy
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