Madrid, 24 jul (EFECOM).- Los dos auditores del Grupo Torras que comparecieron hoy ante la Audiencia Nacional manifestaron que no conocían que el presunto desvío de 27,4 millones de dólares en 1988, denominado como operación "Croesus", fueran a parar al empresario Enrique Sarasola.
Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la sexta sesión del juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Grupo Torras intentaron que varios testimonios de testigos corroborasen el desvío de estos millones, de los que se derivarían los delitos de apropiación indebida y falsedad.
Precisamente el fiscal reclama 9 años de cárcel para el financiero Javier de la Rosa por estos delitos, por los que se sientan también en el banquillo de acusados el ex consejero y director financiero de Torras, Miguel Soler, el ex consejero de Torras Jorge Núñez; el director de inversiones de KIO, Richard Robinson; y el contable Plinio Coll.
Las defensas preguntaron tanto a los auditores como a los interventores judiciales de la suspensión de pagos del Grupo Torras si en su labor entraba el seguir el recorrido de esos 27,4 millones
De la Rosa junto a otros acusados mantiene que, en 1988, se acordó pagar al empresario Enrique Sarasola -ya fallecido- 35 millones de dólares por las acciones y los servicios prestados en la venta de Urbanor a Kuwait Investments Office (KIO), un dinero que supuestamente adelantó KIO a Torras.
De esa cantidad, le fueron entregados 25 millones en enero de 1988 a través de la firma panameña Koolmes, mientras que los 10 millones restantes fueron incluidos en un pago en junio que sumaba 27,4 millones de dólares.
Esa cantidad se le abonó, entre otros conceptos, por los servicios prestados en operaciones como la compra de Explosivos Río Tinto y Ebro, para las que mantuvo negociaciones con el Gobierno, según el financiero Javier de la Rosa.
Para justificar en balance esa salida de dinero se concedió un préstamo firmado con el Santander por valor de 25 millones a la sociedad gibraltareña "Croesus", de la que era titular Plinio Coll y a la que se garantizó que no tendría que hacer frente a su devolución.
Los interventores judiciales Francisco Fernández Montes y Alejandro Lavilla indicaron que, en la suspensión de pagos, vieron que había "un préstamo aparente" por 25 millones de euros, aunque era una "operación más, dentro de otras" que no entraron a analizar.
También reconocieron que, en aquella época, el capital del Grupo Torras era casi todo propiedad del grupo KIO, mientras que la sociedad kuwaití tenía el 98 por ciento de la deuda.
Por su parte, los auditores no pudieron recordar si el préstamo quedó impagado en las cuentas de la compañía, aunque dijeron que no es su labor conocer el fin último de estas operaciones si no afectaban a las cuentas del Grupo Torras.
Las sesiones del juicio oral, el último de los cuatro seguidos contra el financiero Javier de la Rosa en la Audiencia Nacional, se reanudarán el próximo 10 de septiembre. EFECOM
dsp/jlm
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