Empresas y finanzas

Bruselas impone un 'céntimo verde' al gas para pagar las energías renovables

  • La CE exige que la tasa esté en vigor antes de 2013

El sector gasista tiene todas las papeletas de ser quien pague los platos rotos en la reforma del sector eléctrico, que busca maneras de financiar la abultada factura que suponen las energías renovables

La Comisión Europea está exigiendo que se cumplan los objetivos medioambientales, como el deber de gravar al gas natural, un requisito fijado hace años, pero que no se ha cumplido y que España debe recoger antes de 2013.

Fuentes del sector explicaron a elEconomista que el Gobierno ya tiene en sus manos una propuesta que aboga por una tasa similar al llamado céntimo sanitario para gravar al gasóleo y las gasolinas, pero a tenor de los últimos requerimientos de Bruselas ya se baraja que la iniciativa se extienda al gas natural. El sector ya denomina a esta medida como el céntimo verde, pues se destinará a solventar parte del sobrecoste de las energías renovables, cuya implantación se considera estratégica para el futuro de España.

En concreto, las versiones actuales en el marco de las negociaciones para el Pacto de la Energía, derivadas de las conclusiones de la Subcomisión Parlamentaria, contemplan que todo el sector energético comparta el coste de las renovables.

La propuesta se basa en el hecho de que el objetivo comunitario en el ámbito de la energía renovable se establece a nivel de energía final (no sólo eléctrica) y que el 56,4 por ciento del consumo final corresponde a los productos petrolíferos, el 15,4 por ciento al gas natural y el 21,4 por ciento a la electricidad.

Desde el sector eléctrico y desde las patronales de renovables se respalda este tipo de iniciativas de cara a solventar el problema del déficit tarifario -cantidad que se debe a las eléctricas por la política de tarifa del Gobierno de no subir la luz en línea con los costes-.

Más aún cuando se trata de cumplir con una directiva europea que fija la obligación de imponer una tasa medioambiental a la utilización final de todos y cada uno de los productos energéticos. En el sector eléctrico se traspuso la misma directiva en España mediante el vigente impuesto a la electricidad. Sin embargo, el sector gasista consiguió estar exento, a través de una cláusula temporal de no aplicar ningún impuesto al consumo.

La mencionada exención se aplicaba a los estados miembros cuya cuota del gas en la energía final fuera inferior al 15 por ciento en el año 2000 y se podía aplicar durante un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor, es decir hasta 2013, o hasta que la cuota de gas alcanzara el 25 por ciento del consumo nacional. Ambas circunstancias son ya inminentes.

Las asociaciones de renovables consideran que dicha exención pudo haber tenido sentido político en la época de la tramitación de la directiva, que se prolongó durante varios años, ya que entonces se estaba impulsando la penetración del gas en nuestro país, pero "ahora ya no lo tiene".

Por su parte, las eléctricas estiman que el planteamiento de que se carguen más costes sobre el sector del petróleo es asumible en la medida en que los precios eléctricos ya están por encima de la media comunitaria, mientras que los de las gasolinas aún figuran por debajo.

Otra de las justificaciones de la propuesta que estudia el Gobierno se centra en que cuando se paga por la gasolina, el consumidor de derivados de petróleo únicamente está pagando el coste de la materia prima que utiliza, pero no las infraestructuras, cosa que no ocurre en el sector eléctrico, que con los costes que recauda debe pagar la materia prima y también sus propias infraestructuras.

Así las cosas, la guerra está servida entre sector gasista y petrolero contra las eléctricas y las renovables. Las grandes empresas como Endesa, Iberdrola o HC Energía entienden que "si se incrementasen los costes de la gasolina para eliminar el actual subsidio que reciben de los presupuestos públicos podrían destinarse los excedentes presupuestarios a sufragar el coste de las energías renovables".

Por su parte, algunas compañías como Repsol han lanzado dardos en la otra dirección. En una entrevista con Efe, el presidente del grupo, Antonio Brufau, apuntó que un nuevo impuesto a los hidrocarburos "supondría una financiación injusta de unos sectores a otros" y produciría "un agravio significativo". En este contexto, tanto de un lado como de otro ya han comenzado los contactos con el Gobierno y con los componentes de la comisión parlamentaria para frenar o impulsar, en su caso, esta medida que ha resultado tan polémica.

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