La Audiencia Nacional quiere esclarecer si los hermanos Jesús y Jaime Salazar, ex presidente y ex consejero delegado, respectivamente, del grupo SOS, han llevado a cabo movimientos de fondos en sociedades opacas fuera de España para evitar el pago de la fianza de 360 millones de euros que se les exigió en julio.
Tras una denuncia de la empresa por el presunto desvío de capitales, el juzgado de instrucción pretende rastrear firmas en Luxemburgo, para lo que pedirá la colaboración de las autoridades judiciales de este país. Se trata de Nilo Investment y Corporation Hoteliere du Sud, ésta última propietaria de una participación en el Gran Hotel Velázquez de Madrid.
En este mismo sentido, se está investigando desde hace tiempo a Arve Investment, con sede también en la capital luxemburguesa, pero que según la documentación del Registro Mercantil de dicho Estado está gestionada por Kronos, una empresa suiza que está domiciliada en Ginebra.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, solicitó ya a finales del año pasado comisiones rogatorias en Alemania, Suiza e Irlanda con el objetivo de que la justicia de estos tres países colaborara también en la investigación abierta.
Cooperación internacional
Al igual que ha ocurrido anteriormente, la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional se tendrá que poner en contacto ahora con sus homólogos en Luxemburgo para dar una respuesta.
Aunque el país no figura ya en la lista de paraísos fiscales, hay que tener en cuenta que, además de los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, los hermanos Salazar están acusados también de un presunto blanqueo de capitales. De momento, el juzgado ha ordenado ya el embargo de distintos bienes propiedad de la familia, incluidas cuentas corrientes, coches de lujo y mansiones en Madrid y la Costa del Sol.
Los bienes están bloqueados a la espera de un recurso presentado por Jesús y Jaime Salazar, aunque la Sala de lo Penal ha desestimado ya otro similar de Roberto Salazar, antiguo responsable financiero de la compañía. Jesús y Jaime Salazar basan su defensa en que tanto sus sociedades como ellos mismos se han declarado en concurso de acreedores, con lo que el embargo, en su opinión, no puede ser viable.
Versiones contrapuestas
A lo largo de todo el proceso, iniciado en 2009, Jesús Salazar ha tratado de aportar pruebas -incluidas actas de reuniones de la propia compañía- que demuestren que las cajas de ahorros, accionistas del grupo SOS, estaban al tanto de todos los movimientos y lo aprobaron en la comisión de Estrategia e Inversiones.
El ex presidente de SOS aseguró al juez durante su declaración que no hubo ningún desvío de capitales de la empresa, sino que se realizó una operación corporativa y que el dinero se utilizó para comprar acciones y facilitar así la entrada de un fondo libio, que iba a comprar después los títulos para entrar en el capital.
Las entidades argumentaron, en cambio, que Salazar les engañó con la presentación de documentos falsos para que se le firmara un autocrédito por importe de 212 millones, el equivalente al dinero desviado en un principio, con lo que pretendía, presuntamente, "encubrir su responsabilidad".
La Audiencia embarga a Jesús Salazar
