La entidad manchega puede mirar al futuro con optimismo, después de que ayer firmase la culminación de su integración en el Grupo Cajastur. Sin embargo, para sus antiguos directivos lo que hay en el horizonte son nubes de tormenta. La Fiscalía de Anticorrupción ha decidido iniciar una investigación para determinar si los ex directivos de CCM cometieron irregularidades en su gestión.
El organismo ha abierto diliegencias en base al informe elaborado por el Banco de España y que la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez remitió previamente a la Fiscalía General del Estado, informa hoy el diario El Mundo, que cita a fuentes de la Fiscalía.
Según confirmó la pasada semana la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en dicho expediente se aportan datos sobre la gestión de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y se alerta de la posibilidad de que exista responsabilidad penal en algunas de las operaciones llevadas a cabo por el antiguo equipo directivo.
Salgado puntualizó en dicho documento delimita una "serie de hechos sin calificarlos" ante los que la Fiscalía desarrollará las actuaciones que considere convenientes.
Indicios de fraude
En concreto, la principal razón por la que el Banco de España envió el informe a la Fiscalía por indicios de delitos de fraude y administración desleal, según se desprendía de la información proporcionada por los administradores provisionales, designados por el BdE tras intervenir la entidad, en marzo de 2009.
Entre otros detalles, el expediente revela que el antiguo presidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó se "extralimitó en sus funciones", además de enumerar diversas operaciones irregulares con las que incluso se habrían encubierto delitos.
Ante la Fiscalía de Anticorrupción declarará Moltó, así como los principales directivos y el consejo de administración, indica el rotativo.
Los ex gestores de la manchega fueron expedientados este verano por el Gobierno a propuesta del BdE. Tanto el ex presidente como el ex director general, Ildefonso Ortega, han sido inhabilitados cinco años y sancionados con multas de 155.000 y 150.000 euros, respectivamente. El resto de multas, cuyo cómputo total supera el millón de euros, oscila entre los 5.000 y los 100.000 euros para los ex consejeros.
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