Alargar el plazo de concesión a empresas privadas de las autopistas de peaje más antiguas supondría una inyección "inmediata" para la Administración de unos 10.000 millones de euros, según señala el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Proponen sacar a concurso el derecho a prolongar los plazos de concesión de las autopistas más antiguas. En caso de hacerlo hasta 2042, el Colegio de Ingenieros calcula que reportaría unos ingresos públicos de unos 10.000 millones.
En su estudio Una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez, los ingenieros llaman a acabar con la "disfunción" que, en su opinión, genera tener una red de autopistas de pago y otra de autovías gratuitas.
Euroviñeta y privatizaciones
Los ingenieros instan además a aplicar cuanto antes la denominada euroviñeta, el cobro de un peaje a la circulación de camiones en las principales carreteras españolas, que aportaría unos 3.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
La tasa a las compañías de transporte por carretera parte de una directiva comunitaria que Alemania ya aplica y Portugal y Francia tienen previsto imponer. En España, el Ministerio de Fomento ha indicado en distintas ocasiones que el Gobierno no contempla articular esta tasa, al menos en la presente Legislatura.
La tercera gran propuesta pasa por abordar privatizaciones de empresas públicas, como Anea y el Canal de Isabel II.
Más inversión
En la rueda de prensa de presentación del estudio, el vicepresidente del Colegio y también presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano, solicitó de nuevo al Ministerio de Fomento que no reduzca la inversión en infraestructuras.
"Si no se hace en España lo que ha hecho Barack Obama, muchas de las 5.500 empresas de obra pública desaparecerán", indicó Lazcano en referencia al plan de infraestructuras de 50.000 millones de dólares (unos 38.500 millones de euros) presentado por el presidente de Estados Unidos, y al recorte de obra pública anunciado en España.
Además, advirtió de la "inseguridad jurídica" que puede suponer en la imagen de España entre inversores extranjeros decisiones como la de rescindir contratos de obras o sobre la de suprimir con carácter retroactivo primas a las energías renovables. "Una cosa es replantearse la política de infraestructuras y otra la inseguridad jurídica", indicó Lazcano.
La euroviñeta costará 1.000 euros al mes
