MADRID (Reuters) - La patronal empresarial española propuso el miércoles al Gobierno una rebaja de las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social mediante la carga de las bonificaciones a la contratación y los complementos a la jubilación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Actualmente, estas partidas las paga la propia Seguridad Social con los fondos obtenidos por las cotizaciones empresariales.
En un documento presentado en rueda de prensa por su secretario general, José María Lacasa, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) dijo que el sistema de pensiones de la Seguridad Social no debe "verse condicionado por otras consideraciones presupuestarias o por prestaciones distintas de las pensiones contributivas".
Así, la CEOE pide "una estricta y urgente separación de la financiación de las prestaciones contributivas y del complemento a mínimos, que debería estar financiado desde hace tiempo con cargo a los Presupuestos del Estado".
"En cuanto al compromiso (del Gobierno) de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, en ningún caso podrá demorarse más allá del año 2014", reza el documento.
La patronal pidió al Gobierno también que las bonificaciones para incentivar la contratación sean financiados por los PGE y no con cargo a cotizaciones.
Asimismo, la organización pidió que exista un margen para reducción de cuotas de cotizaciones sociales que, según los empresarios, incentivaría la creación de empleo en épocas de crisis.
En cuanto a el periodo de cómputo para calcular las pensiones, CEOE pidió una ampliación del mismo, que abarque toda la vida laboral, y abogó por favorecer la prolongación de la vida activa más allá de los 65 años.
La propuesta del Gobierno es elevar la edad mínima de jubilación de los 65 a los 67 años, y elevar los años mínimos de cotización para cobrar una jubilación de 15 a 20 años.
PIDE PREVENCIÓN AL GOBIERNO POR HUELGA GENERAL
En cuanto a la huelga general convocada por las principales organizaciones empresariales españolas el 29 de septiembre, Lacasa dijo en la rueda de prensa que la CEOE pidió al gobierno una línea caliente en el caso de que haya situaciones de violencia, y que los empresarios no deberían verse afectados por una huelga que ellos no provocaron.
"Los objetivos que se han fijado los sindicatos para esta huelga general (...) se dirigen contra actuaciones del Gobierno o del Parlamento y nada tienen que ver con el mundo de las empresas, pero nosotros y los ciudadanos vamos a ser los grandes sufridores de la huelga", señalo.
"Se ha pedido a las empresas que abran las instalaciones para garantizar el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que así lo quieran ejercitar", dijo, para lo que pidió al gobierno que actué con celeridad en el caso de que existan situaciones de violencia.
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