La banca necesita más de 40.000 millones en los próximos ocho años

La nueva regulación propuesta por el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, que se aprobará previsiblemente en el G20 de noviembre, supondrá un elevado coste al sector y acelerará el proceso de privatización de las cajas de ahorros.

En concreto, el sector necesita más de 40.000 millones. Todas las entidades españolas se verán afectados por los cambios normativos de una u otra manera. No sólo porque se cuadruplican los niveles de solvencia, sino porque su modo de calcularlo a partir de 2013 será diferente.

Las actuales participaciones preferentes -un instrumento de deuda utilizado masivamente en los últimos años por la banca- dejarán de computar en el ratio de capital de primera categoría Tier 1. Según los datos de Aiaf, el sector acumula en su cartera cupones de este tipo por importe de 28.084 millones. Esta cantidad tendrá que ser sustituida por otro tipo de herramientas, como acciones o reservas, por lo que las cajas tendrán que utilizar las vías abiertas en la reforma legal recientemente aprobada para encaminarse hacia la privatización.

Del saldo de preferentes colocadas en el mercado, más de la mitad -15.862 millones- corresponden a las cajas. El resto fueron lanzadas por sus principales rivales. Las entidades de ahorros, al no contar con capital social, deberán dar entrada a inversores privados en su seno para poder cumplir con los requisitos impuestos por Basilea III.

No en vano, los reguladores no han querido ser demasiado exigentes para no alterar mucho la recuperación de la economía mundial y han permitido que las viejas participaciones se reconviertan en unas de nueva emisión en los próximos diez años, aunque unas condiciones mucho más caras, según fuentes consultadas por este periódico.

El Comité de Basilea ha determinado que las emisiones ahora en circulación tendrán que desaparecer a partir de 2013, pero ha dejado la puerta abierta para que las entidades las vendan hasta 2023. El objetivo es que el proceso de desinversión sea más rápido y que a finales de 2018 la banca ya no acumule en sus balances este tipo de productos. Las condiciones de las nuevas preferentes serán definidas más adelante, pero los supervisores prefieren que el sector no acumule en demasía este tipo de instrumentos, mitad capital mitad deuda.

El aumento de los ratios no afecta demasiado al sistema español. El Banco de España ha procurado que el sector contara siempre con distintos colchones para hacer frente a las crisis, como las provisiones para impagos. Pero, algunas cajas tendrán que buscar fondos extras. La subida del Tier 1 al 8,5 por ciento en 2019 deja en una posición delicada a diferentes entidades.

De acuerdo con los datos publicados en los tests de estrés realizados este verano y teniendo en cuenta el escenario económico más probable que suceda, el base, tres cajas de ahorros y un banco presentarán a finales de 2011 un nivel de capital inferior, que suma casi 2.100 millones en conjunto.

Plazos de adaptación laxos

No obstante, tendrán un periodo de adaptación y, a juicio de las fuentes consultadas por este diario, los plazos son laxos y ninguno de estos cuatro grupos tendrán problemas de "solvencia" si las previsiones se cumplen y no hay una recaída fuerte de la economía.

La nueva Caixa Catalunya, fruto de la fusión con Tarragona y Manresa, es la más perjudicada por el salto en la capitalización. Tendría que buscar 1.500 millones. Desde la entidad señalaron que no es un tema preocupante y que en la actualidad cumplen con las exigencias que se pedirán en 2018. Señalan que las sinergías de la integración están siendo mayores de las previstas inicialmente y que en 2013, tres ejercicios antes, podrían contar con un Tier cercano al 9 por ciento. Éstos son, al menos, los cálculos que tienen establecidos en el plan de la operación.

A día de hoy el Tier 1 de la nueva Caixa Catalunya es del 7,1 por ciento, cinco puntos porcentuales más que las estimaciones proforma de cierre de 2009. Este aumento se debe principalmente por las plusvalías obtenidas por la venta del 50 por ciento de la aseguradora a Mapfre, por la que han contabilizado cerca de 500 millones.

La otra gran integración de cajas catalanas, las que conforman Unnim, también sale mal parada con el aumento del capital mínimo. Las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu deberán lograr 474 millones de euros en los próximos años.

Las otras dos entidades, el grupo naciente de la unión de Caja España-Caja Duero y Bankinter, también requieren de fondos de primera calidad adicionales, pero de menor cuantía. El primero tendrá que conseguir 95 millones extras y el segundo, 33 millones.

El peso de los seguros

Bankinter (BKT.MC) es el único banco que tendría que captar dinero adicional para adaptarse a Basilea III. Desde la entidad consideran que éste no es un problema y que sus niveles de capital son acordes a su perfil de riesgo. Además sostienen que cuentan con plusvalías latentes y con posibles desinversiones, como la venta de sus oficinas para hacer frente a los requerimientos.

Además, afirman que es uno de los grupos más penalizados por la sus filiales de seguros. Explican que Línea Directa Aseguradora, compañía participada al 100% por Bankinter y que el banco considera como "uno de sus activos más valiosos", consume 370 millones de euros de capital, en su mayoría como deducción directa del de máxima calidad.

En ese sentido, añaden que una hipotética venta de Línea Directa incrementaría de forma notable los recursos propios del banco, tanto por las plusvalías obtenidas por su venta como por las menores cargas.

A las participaciones y a los mayores ratios por Basilea se suma una tercera receta. Las entidades españolas tendrán que encontrar fondos para devolver las ayudas solicitadas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de 2017. Las cajas han reclamado 10.600 millones de euros. Estas ayudas computan como capital de primera categoría hasta 2018. Después no serán contabilizadas en esta rúbrica, en caso de que alguna entidad no hay podido hacer frente a sus compromisos o se alarguen los plazos de devolución.

El montante de las tres facturas eleva el montante total de recursos que tiene captar el sistema financiero español en los próximos ocho años a, al menos, más de 40.000 millones de euros.

La cifra es inferior a las estimaciones realizadas hace varios meses por diferentes casas de análisis. La Caixa sostenía que el coste de Basilea III para nuestro sector podría alcanzar los 48.000 millones.

En el día de ayer, los expertos coincidían en señalar que la nueva regulación es soportable por la banca española, sobre todo por el periodo de transición fijado.

Citi aseguraba en un estudio que "los porcentajes han quedado en la parte baja de las previsiones de los inversores y del borrador que circulaba la semana pasada, por lo que debería ser gestionable para la mayoría de los bancos".

Guiño a los políticos

Lo que más ha llamado la atención en el sector, además de la laxitud en los plazos de adaptación, es en las limitaciones que tendrán las entidades que no cumplan determinadas exigencias. Creen que es un guiño al poder políticos que los bancos centrales hayan propuesto que quien no cumpla con el colchón de capital especial de un 2,5 por ciento de los riesgos (que forma parte del Tier 1) verá recortada su capacidad para fijar la retribución variable o bonus a su cúpula directiva y la remuneración a los accionistas o dividendo.

Este colchón deberá ser creado por las entidades a partir de 2015 y no tendrá que llegar el 2,5 por ciento hasta el 1 de enero de 2019. En esos tres años, el Comité de Basilea ha establecido un calendario con las exigencias intermedias.

Además de estas reservas, la banca se verá obligada a contar con una hucha anticíclica, parecida a las provisiones del sistema español. Cada país tendrá margen de actuación y podrá estipular sus condiciones en función de las condiciones económicas.

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