PARÍS (Reuters) - Los sindicatos franceses prepararon el martes una prueba de fuerza, con paros y manifestaciones en todo el país contra la impopular reforma de las pensiones, pero el presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, ha dicho está decidido a aplicar.
Los dirigentes sindicales esperan sacar a unos dos millones de personas a la calle, parar hospitales y colegios y provocar cortes en el tráfico aéreo y ferroviario, aprovechando el descontento creciente con los gobiernos europeos por los recortes en unos gastos que les han dejado fuertemente endeudados.
François Chereque, líder del sindicato CFDT, declaró a la cadena RTL que el Gobierno haría mal en ignorar lo que calificó de "la mayor participación en la última década".
Según los primeros cálculos gubernamentales, la participación estaba siendo significativa.
"Después de hoy está en manos del Gobierno. Si quieren mejorar las cosas, más vale que vengan con propuestas (para cambiar la reforma)", agregó
Bernard Thibault, líder del otro sindicato mayoritario, la CGT, insinuó la posibilidad de una huelga general: "Si no responden y no prestan atención, habrá una continuación y no descartamos nada a estas alturas".
Sin embargo, los analistas han dicho que incluso aunque los sindicatos obtengan una participación masiva, es poco probable que logren convertir un día de protesta en un movimiento a largo plazo que pueda forzar al Gobierno a dar marcha atrás.
Según los sondeos, dos tercios de los votantes creen que el plan de Sarkozy de retrasar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y alargar los años de trabajo para recibir una pensión es injusto y apoyan la huelga, pero dos tercios también piensan que la jornada de paros no tendrá consecuencias.
"Nunca en la historia de los sondeos han estado los franceses tan convencidos de que hay una injusticia social", dijo el analista político Roland Cayrol, de la universidad de Ciencias Políticas de París.
El Gobierno conservador dice que la reforma es esencial para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en 2018, reducir el déficit público y mantener la calificación máxima de Francia ante las agencias de calificación, la triple A.
Los paros cancelaron al menos la mitad de los servicios ferroviarios y de metro, aunque las conexiones internacionales no se vieron afectadas en su mayor parte. El metro también se vio alcanzado, aunque menos de lo temido, según la RATP, la autoridad parisina del transporte.
A mitad de jornada, un comunicado gubernamental parecía indicar que la huelga estaba teniendo una mayor participación que la última, en junio. La participación en los servicios públicos se acercaba al 25 por ciento, frente al 19 por ciento de entonces.
Decenas de manifestaciones tuvieron lugar a mediodía en varias capitales provinciales, antes de la gran manifestación de París.
El malestar sindicar se hace eco de medidas similares adoptadas en otros países europeos contra los planes austeridad impuestos para reducir los déficit presupuestarios engordados por la crisis económica de 2008-9.
En España hay una huelga general convocada para el 29 de septiembre, mientras que ya se han celebrado otras en Grecia, Italia y Rumanía en contra de los dolorosos recortes salariales a los funcionarios y en el gasto público. El Metro de Londres fue el último en sumarse a los paros, con una jornada de protesta el martes.
Mientras Sarkozy afronta la mayor protesta en el país desde que llegó al poder en 2007, varios ministros insistieron en que los principios clave de la reforma de las pensiones no son negociables, pero apuntaron a posibles concesiones en cuestiones secundarias, como la jubilación anticipada para aquellos con trabajos más físicos o que empezaron a trabajar más pronto.
La mayoría de las grandes economías europeas tienen una edad oficial de jubilación de 65 años, y algunos, como Alemania, España y Reino Unido, tienen previsto retrasarla gradualmente hasta los 67 o más allá, pero la edad efectiva de jubilación en Francia es similar a la de sus vecinos, según la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo.
POSIBLES ALGUNAS CONCESIONES
Con los niveles de aprobación de Sarkozy cercanos a sus momentos más bajos, sus dos asesores principales insinuaron el domingo que podría modificar un "escudo fiscal" ampliamente criticado y aprobado para asegurar que los más ricos no pagan más en impuestos del 50 por ciento de sus ingresos.
Claude Gueant, su jefe de gabinete, declaró en la emisora Europe 1 que en contra de algunas percepciones públicas, Sarkozy "no es en absoluto el presidente de los ricos".
En medio también se encuentra el ministro de Trabajo, Eric Woerth, muy dañado por un escándalo sobre supuesto conflicto de intereses y donaciones políticas ilegales. Woerth presentará la reforma de las pensiones en el Parlamento, que se espera la apruebe en octubre.
Sarkozy lo ha apoyado a pesar de las revelaciones sobre sus vínculos con la mujer más rica de Francia, la heredera de L'Oreal Liliane Bettencourt, y el gestor de sus fondos, Patrice de Maistre. El ministro ha negado haber cometido cualquier ilegalidad y se ha negado a dimitir.
Sin embargo, el escándalo ha debilitado su posición y ha alimentado las protestas contra la ley de las pensiones, considerada la reforma bandera de Sarkozy y la plataforma de lanzamiento para las elecciones de 2012, en las que intentará ser reelegido.
Francia tiene una larga tradición de protestas sindicales, aunque solo el 10 por ciento de sus trabajadores - la mayoría en el sector público - están afiliados. En 1995, un movimiento de protesta obligó al entonces presidente Jacques Chirac a abandonar una propuesta de reforma de las pensiones y de la sanidad, y en 2006 los estudiantes lograron acabar con un contrato que preveía salarios bajos para los jóvenes.
Pero el ánimo ha cambiado, ya que muchos aceptan la idea de que una mayor expectativa de vida y unas finanzas públicas más débiles hacen inevitable retrasar la edad de jubilación.
