La compañía tecnológica Telvent, del grupo Abengoa -cuya actuación en la gestión y desarrollo de un portal informático (?market place?) para Rilco, sociedad creada por la Zona Franca de Cádiz durante la gestión del PP, fue denunciada hace cinco años por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz y el delegado en dicho consorcio estatal, el socialista José de Mier- ha quedado libre de toda sospecha tras un auto emitido el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, conocido en las últimas horas.
La decisión judicial acuerda el ?sobreseimiento provisional de los representantes legales de las entidades Sainco y Telvent Interactiva, Adolfo Borrero Villalón y José Ignacio del Barrio Gómez, por no existir indicios racionales de criminalidad contra los citados?. La decisión judicial ha sido recibida con satisfacción en el seno de la compañía, cuya involucración en el procedimiento abreviado ha perjudicado su imagen, por lo que una vez resuelto el caso definitivamente en los tribunales sus asesores jurídicos quizás se planteen solicitar una indemnización a quienes pusieron en tela de juicio su rigor profesional.
De las diligencias practicadas hasta la fecha, según el auto del juzgado gaditano, se desprende de forma indiciaria que Manuel Rodríguez de Castro, el primer delegado del consorcio en la etapa del PP, en fechas no determinadas pero a finales de 2000 ?consciente de sus dificultades que tenía en la continuidad del ejercicio del cargo de Delegado del Consorcio de Zona Franca de Cádiz, por existir cierta polémica pública por su gestión y guiado por ánimo de lucro, se concertó con el matrimonio formado por Germán Leiva y María Camila Leiva, ambos de nacionalidad estadounidense y conocidos del anterior por mantener vínculos empresariales, con la finalidad de detraer para su beneficio particular fondos públicos?.
Según el juez, Rodríguez de Castro ?decidió aprovechar el proyecto de creación de un portal informático? que relacionara en la red diversas zonas francas existentes en distintos países iberoamericanos para facilitar las relaciones comerciales entre las mismas y la existencia de una sociedad privada con capital exclusivamente público, Rilco SA, creada con la misma finalidad. Rodríguez de Castro fue cesado el 23 de febrero de 2001 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a instancias del PP, en medio de un gran escándalo político y mediático por su sospechosa gestión.
En marzo de 2001 Montoro optó por designar como nuevo delegado a un funcionario, ex subdelegado del Gobierno, Miguel Osuna, quien trató de afrontar la situación y tomó decisiones -bajo asesoramiento técnico y jurídico- que ahora debe defender ante el juez. Osuna recibió ayer el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz -su alcaldesa y diputada, Teófila Martínez (PP), es la presidenta del Consorcio- quien sostiene que ?la única acusación contra Miguel Osuna de no perseguir las supuestas irregularidades de De Castro carece de fundamento?.
El caso se inició el 4 de agosto de 2005, cuando la abogacía del Estado interpuso, siguiendo órdenes del socialista José de Mier, delegado de la Zona Franca, una querella contra Manuel Rodríguez de Castro, contra la compañía norteamericana -Miami Free Zone MC (sin experiencia informática relacionada con el encargo, según se supo luego- y los empresarios Germán y Camila Leiva, los representantes legales de las entidades Sainco y Telvent Interactiva, Adolfo Borrero y José Ignacio del Barrio y contra otro delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, por los supuestos delitos de ?prevaricación, fraude y exacciones legales, malversación de caudales públicos y delito societario. Posteriormente, la querella se amplió contra José David Sánchez de Medina y Rafael Ortiz, por los mismos delitos y por delitos de falsedad documental y otros.
Las acciones judiciales emprendidas por el delegado del Consorcio Estatal de la Zona Franca de Cádiz nombrado por el PSOE tras su victoria en las elecciones generales de 2004, el ejecutivo socialista José de Mier Guerra, apoyadas activamente desde el PSOE gaditano, involucraron a Telvent en un complejo caso basado en presuntas sospechas sobre el desarrollo de un portal informático para la compañía Rilco, creada por uno de los dos delegados anteriores del consorcio, Manuel Rodríguez de Castro, con el objetivo de gestionar globalmente la información de las zonas francias y de libre comercio que operan en numerosos países. La compañía Telvent presentó numerosas pruebas documentales periciales (tres informes) sobre el cumplimiento del trabajo encomendado y su inocencia en el caso, que finalmente han sido tenidas en cuenta por el juez instructor del procedimiento, que se ha alargado durante cinco años en los tribunales de Justicia.
El contrato suscrito entre Telvent y Rilco, la sociedad creada por la Zona Franca de Cádiz, fue rubricado el 16 de febrero de 2001 (2,5 millones de euros). Telvent percibió el importe total del contrato. La instrucción practicada ha acreditado que la sociedad cumplió con todos y cada uno de sus compromisos y obligaciones adquiridos: ?Es decir, cumplió y ejecutó el contrato y lo hizo de manera satisfactoria?, afirma la representación legal de la compañía tecnológica en uno de sus escritos de defensa. Y avalan esa afirmación con un informe de la Universidad de Sevilla, donde tras analizar el pliego de condiciones y el trabajo finalmente realizado, se concluye en que ?el contrato fue ejecutado de forma correcta y totalmente entregado? y que el precio de licitación de Rilco estuvo dentro de los márgenes ?razonables? de un proyecto de tal complejidad.
Queda sin valor alguno otro informe, aportado al sumario por el delegado socialista de la Zona Franca José de Mier, quien también encargó dicho estudio a la Universidad de Sevilla. Pero el trabajo fue una auditoría tecnológica ?pero nunca económica? -se defendió Telvent ante el juez- en el que nunca se pusieron en contacto con Telvent, ignorando un material que condicionó y limitó su opinión sobre la participación de la tecnológica de Abengoa.
La compañía Telvent ha aportado otros estudios. uno de ellos mucho más completo, fiable y documentado en distintas fuentes -realizado por el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, Francisco Pérez, y el jefe de área del Servicio de Informática y Comunicaciones, Manuel García Gordillo- que ha resultado básico para que el juez disipe cualquier duda sobre su trabajo para el desarrollo del portal que le encargó Rilco, sociedad de la Zona Franca de Cádiz.
Reacciones
Por su parte, el Partido Popular de Cádiz ha mostrado su sorpresa ante el contenido del auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz en relación con el caso Rilco, en el que se imputa al ex delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Miguel Osuna de un presunto delito de no perseguir las supuestas irregularidades cometidas por Manuel Rodríguez de Castro.
El PP provincial defiende la inocencia de Osuna y asegura que es una persona honrada, honesta y que no tiene ninguna responsabilidad en las cuestiones suscitadas por la gestión en la Zona Franca. Añade que ?ha demostrado a lo largo de toda su carrera que es un magnífico y solvente gestor público?.
Desde el PP señalan que ?las acusaciones que se desprenden de este auto, a nuestro parecer y por la solvencia técnica, profesional y de prudencia que tenía Miguel Osuna, no tienen ningún fundamento y quedará perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio?. Asimismo afirma que Osuna ?siempre actuó bajo los avales técnicos y con el asesoramiento de la Abogacía del Estado?.
No obstante, ?estamos convencidos de que en el juicio se pondrá en evidencia que el auto del juez está basado en informes emitidos por los mismos abogados del Estado que antes asesoraban a Miguel Osuna sobre la legalidad de sus decisiones y que ahora, bajo las órdenes del PSOE y del Ministerio de Hacienda socialista, están cuestionando este asunto, algo que nos parece muy curioso?.
Por ello, ?lamentamos profundamente que su imagen se vea dañada y que esté siendo cuestionado por un asunto del que en ningún momento el ex delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca ha sido responsable?.
El Partido Popular quiere dejar claro que las imputaciones no significan condenas. ?El contenido de este auto es lo que el juez de instrucción estima?. Por tanto, ?existe presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme, por lo que pedimos prudencia y respeto a la Justicia ya que nos encontramos en la fase de instrucción?.
Asimismo, señala, con respecto a los hechos que se le imputan a Manuel Rodríguez de Castro, que ?los hizo de forma individual y autónoma sin que los órganos de gobierno del Consorcio tuvieran conocimiento de ellos?. Así, añade ?si quedan probados los hechos tras la celebración del juicio, deberá responder ante la justicia por lo que haya realizado?.
Aclara que ?las responsabilidades políticas se tomaron en su momento cuando el Gobierno del PP cesó a Manuel Rodríguez de Castro como delegado del Estado en la Zona Franca y, además, el mismo Gobierno del PP pidió que se investigaran los hechos dándole traslado al Tribunal de Cuentas?. Añade que ?las responsabilidades judiciales se resolverán en los Tribunales. En el caso de que se demuestre que las ha habido quedará probado ?que ha habido por parte de Rodríguez de Castro un abuso de confianza hacia el Gobierno que lo nombró y deberá responder ante la Justicia como cualquier ciudadano?.
