Ni rastro de cuentas secretas en Suiza, ni en Luxemburgo, ni en otros paraísos fiscales. Los jueces no han hallado por el momento indicios de blanqueo de capitales y han decidido desbloquear las cuentas de algunos de los directivos de Afinsa y Fórum detenidos el pasado 9 de mayo, a raíz de la intervención judicial.
La intervención sobre los depósitos de Juan Antonio Cano Cuevas, presidente de Afinsa, fueron levantados hace tres días. Y ayer, el juez Santiago Pedraz accedió a desbloquear las cuentas personales de Vicente Martín Peña, director gerente de la empresa filatélica. Según el auto al que ha tenido acceso elEconomista, el dinero de Martín Peña, depositado en el Citybank y en el Santander Central Hispano, quedan disponible para realizar pagos personales.
Las demás cuentas bancarias de los directivos detenidos (cuatro de Afinsa y otros cuatro de Fórum) se irán desbloqueando paulatinamente a lo largo de los próximos días, según fuentes jurídicas.
Ninguno de los dos jueces ha descubierto aún dinero "negro" en el extranjero, como en un principio se temían los investigadores. Y después de registrar a fondo los domicilios de todos los detenidos, la policía tampoco ha logrado dar con depósitos ni dinero oculto.
En busca del dinero
Uno de los presuntos delitos que imputa a los nueve querellados la Fiscalía Anticorrupción es el de blanqueo de capitales. Pero fuentes jurídicas consideran que ese delito es uno de los que menos consistencia tienen, ya que falta por demostrar las cuentas ocultas.
Hasta ahora, el único dinero en efectivo que se ha encontrado durante los registros han sido los 10 millones de euros en efectivo que la policía requisó en el chalet de Francisco Guijarro Lázaro, proveedor de sellos de Afinsa hasta 2003.
Si con el tiempo sigue sin encontrarse dinero oculto, se desmontaría en parte el presunto delito de blanqueo de capitales que Anticorrupción imputó a la cúpula directiva de ambas empresas.
Además, la fiscalía les acusó de administración desleal, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y delito contra la Hacienda Pública.
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