Del Estado-editor a los tambores rocieros

Tomás Álvarez

Bogotá 29 jun (EFECOM).- La preocupación por el intervencionismo estatal en la política editorial es algo puesto de manifiesto en Bogotá en la II Acta internacional de la Lengua Española, que reúne a grandes expertos del ámbito editorial del continente y de España.

Alejandro Katz, destacado editor argentino y ponente de la mesa de trabajo numero tres, dedicada a la libre circulación del libro, apunta entre las amenazas del sector la "presencia creciente de los estados como editores y las erráticas y poco transparentes políticas de compras públicas"

Los casos analizados son dispares y generan preocupación, pero también hilaridad.

Uno de los más señalados es México, sin duda el gran Estado-editor, que al elaborar masivamente los textos escolares constriñe la industria editorial, merma la actividad de las librerías (muy escasas en todo el país) y genera ineficiencia en la utilización de los recursos.

Otro tipo de relación del Estado y la edición es Brasil. Allí el sector editorial es potentísimo, con una producción de 306 millones de libros en el 2005, de los que unos 171 millones son de texto.

En este caso la Administración es el primer cliente, al adquirir el 40 por ciento de la producción editorial, demanda que activa el sector y recae sobre 20 editoras, según datos expuestos por Bernardo Gurbanov, vicepresidente de la Cámara Brasileira do Livro.

Preocupa en la actualidad el caso de Venezuela, donde está aparcada una buena Ley del Libro, porque el Estado está preparando un texto, con el objeto de intervenir en el sector, al considerar su interés cultural.

Iván Diéguez Vázquez, gerente de Librería América y directivo del sector, señala que los editores han pedido al Gobierno que en la nueva regulación considere la política editorial no solo por su valor cultural, sino preparando disposiciones específicas para el fomento de la industria editorial. De momento, preocupación.

Otro de los casos analizados es el de Perú, uno de los países del área con una legislación más obsoleta, que no favorece la industria editorial ni la libre circulación del libro, que conduce a una penosa vigencia de la piratería, incluso en las instituciones educativas, donde se fomenta claramente.

Pero entre los intervencionismos hay un modelo que causa sorpresa y es el español, donde las críticas no van dirigidas a la Administración Central sino a las autonómicas.

España, según los datos anuales del ISBN (Estándar internacional de la numeración de libros) saca unos 70.000 títulos anuales, con lo que se sitúa entre los mayores emisores de nuevas publicaciones. La gran cifra esconde una trampa, porque en ella deben incluirse unas 20.000 referencias que corresponden a los libros de texto, algo que contrasta, por ejemplo, con Francia, donde la cifra anda por las 2.500.

El secreto de esta inmensa diferencia radica en la proliferación de libros de texto, que deben adaptarse a las políticas dirigistas llevadas a cabo por las administraciones autonómicas.

Cada comunidad autónoma quiere que el libro de Matemáticas o de Ciencias sea adecuado al territorio respectivo. Con ello bajan las tiradas y se encarece la producción, según explica Antonio Avila, director del Gremio de Libreros de España.

Las "innovaciones" introducidas para adecuar el texto al territorio son de lo más variado: En Andalucía hubo que alterar un texto de Música, porque había que introducir entre las claves musicales territoriales al "Tambor rociero"; en Canarias se cambió otra asignatura en la que se aludía a los ríos españoles como modeladores de la identidad de los territorios. Allí hubo de hacerse una edición especial por falta de ríos.

En Valencia tampoco gustó un texto en el que se hablaba de una geografía kárstica y se ponía como modelo la Ciudad Encantada de Cuenca. Aquel ejemplo no estaba en el ámbito valenciano. Tampoco estaba el AVE en funcionamiento en Cataluña y por ello debió readaptarse otra asignatura en la que se hablaba de las comunicaciones.

Las modificaciones no solo se han referido a temas geográficos, musicales o científicos. Afectan también a las matemáticas, porque ha habido alguna comunidad (Galicia), que objetó la distribución espacial de los temas de Geometría Aritmética etc, dentro del texto.

Según Antonio Avila, editores y libreros españoles han expresado sus quejas a instituciones y partidos políticos. De momento ya tienen la promesa del Partido Popular de organizar una reunión con representantes de los gobiernos regionales que controlan, para propiciar un consenso. Ávila espera que lo mismo hagan los socialistas y que poco a poco retorne la racionalidad. EFECOM

tad/cs

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