"La Guardia Civil no está para recaudar dinero con las multas. Ésa no es nuestra función", así de tajante se muestra José Antonio Agudo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Este fin de semana se esperan en las carreteras españolas cerca de 5 millones de desplazamientos y, sin embargo, el conflicto entre el Gobierno y los agentes sigue subiendo en intensidad a medida que pasan los días.
Si entre los meses de mayo y julio se registraron descensos en el número de denuncias emitidas que, según los datos de la Agrupación de Tráfico, rondaron el 50%, las cosas no parece que vayan a mejorar en agosto. "Al contrario, en agosto, ese porcentaje subirá. Los agentes están muy enfadados con la postura del Ejecutivo y decididos a mantener el pulso", aseguraba a elEconomista, de forma anónima, un jefe de unidad de la Guardia Civil.
El viernes, el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, seguía insistiendo en la idea de que "a más multas, menos accidentes". En este sentido, y a pesar de reconocer que la huelga no ha tenido incidencia en el repunte de la siniestralidad del pasado fin de semana (con 26 fallecidos), sí añadió que, de mantenerse en el tiempo, a medio y a largo plazo, acabará por afectar.
Las razones del Gobierno
Para los agentes, estas declaraciones responden, en realidad, a un nerviosismo del Gobierno de carácter económico, ante el temor de que las previsiones de recaudación vayan a sufrir un revés importante. En los Presupuestos Generales para 2010, el Ejecutivo ya anticipaba unos ingresos en concepto de multas por valor de 432 millones de euros, un 3,8% más que en 2009.
Esta es, en su opinión, la verdadera naturaleza de las presiones que están recibiendo los agentes y sus jefes de unidad. Según fuentes no oficiales de la Guardia Civil, en julio, en algunas comunidades autónomas, se habrían propuesto eliminar entre el 20 y el 30% de los pluses que reciben los guardias civiles como medida de presión.
"Los siniestros no se evitan con más multas, sino con más presencia policial y, en este punto, el Gobierno está incumpliendo de forma flagrante sus propios compromisos electorales", asegura Agudo. Ya en el año 1997, la Agrupación de Tráfico reconocía que era preciso un número no menor a 14.000 agentes para hacer frente a la seguridad vial.
Trece años después, está cifra apenas alcanza los 10.500 e, incluso, se queda en más de 1.500 agentes menos de los que el propio Partido Socialista se había comprometido en su programa electoral.
600.000 multas más por radares móviles
Por el contrario, actualmente existen 530 radares reconocidos por la DGT y la intención es ampliar este número hasta los 1.500. La apertura del Centro Estatal de Tramitación de Denuncias Automatizadas (Estrada) ubicado en León es el lugar que, desde el año 2007, gestiona todas las multas procedentes de los radares fijos. Este centro recibe entre 10.000 y 12.000 fotografías al día, de las que se desestiman un 38%.
Al año, desde León, se gestionan 1.500.000 denuncias, es decir, fotografías ya validadas. Su director general, Jaime Moreno, asegura que la capacidad es ilimitada y, de hecho, el pasado 6 de agosto, la DGT sacaba a concurso público el nuevo contrato para la explotación del centro por un importe superior a los 21 millones de euros (impuestos incluidos). Este contrato ya desarrollara una serie de nuevas funciones para el centro.
Previsiblemente, entre éstas, estará la posibilidad de que el Estrada también tramite las multas procedentes de los radares móviles, función reservada a las jefaturas provinciales de Tráfico. Esto, según Moreno, supondría un incremento de hasta 600.000 expedientes más, considerando los 225 radares móviles existentes hoy en día.
Dudas sobre los radares fijos
Desde la AUGC, Agudo insiste en que es inevitable ver el carácter recaudatorio de las actuaciones gubernamentales. Según un estudio del año 2008 de Automovilistas Europeos Asociados, el 73,1% de los radares fijos instalados por la DGT no se ubicaban en zonas de máximo riesgo, en puntos negros, de la red nacional de carreteras. De hecho, ya hace un par de años que la Dirección General de Tráfico no ha vuelto a publicar la lista de estos puntos negros.
Según los datos obtenidos por elEconomista, la última cifra oficial hacía referencia a más de 900 puntos de una anormal acumulación de siniestros y, a principios de este año, esa cifra se mantenía por encima de los 700. Todo esto, a pesar del compromiso del Gobierno de que, en el año 2012, ya no se mantuvieran operativos ninguno de estos tramos.
"El problema real no está en el número de radares; España tiene más radares que otros países. El problema está claramente en la ubicación de éstos en zonas de riesgo mínimo", concluye Agudo.
De hecho, las declaraciones sobre un posible impacto negativo de la huelga de bolis caídos sobre la cifra de fallecidos en las carreteras han sentado especialmente mal entre los agentes de la Benemérita. Así, por ejemplo, en una de las comunidades autónomas en las que las competencias de tráfico están cedidas, como es Cataluña, el número de víctimas mortales durante el mes de julio, se ha visto desgraciadamente incrementado un 53 por ciento. Y, sin embargo, los Mossos d'Esquadra no mantienen ningún tipo de protesta.
Otra de las cuestiones que explicitan las contradicciones del mensaje oficial es el baremo de puntos al que dio luz verde el Ejecutivo el pasado mes de julio. Estos puntos repercuten en la productividad de los agentes y, según el nuevo sistema, una denuncia en materia de transporte puntúa cuatro veces más que un actuación de los agentes de auxilio en carretera. "Es un método que lo que busca fundamentalmente es lograr el mayor número de denuncias posible", alertan los agentes.
Y, después, la Policía Nacional
Pero el enfrentamiento con el Gobierno no ha quedado restringido sólo a las actuaciones de Tráfico. También, en Seguridad Ciudadana, las denuncias han sufrido un drástico recorte, mayor en muchas regiones al que han llevado a cabo los agentes de Tráfico. Según fuentes no oficiales, las caídas en este tipo de denuncias alcanzarían el 60 e incluso el 70%. Pero, a perro flaco todo son pulgas debe pensar el Ejecutivo. Si la Guardia Civil inició esta huelga semioficial, las protestas no se están quedando restringidas al ámbito de la Benemérita. Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional también están alertando de la desmotivación de sus agentes y de una alarmante caída de la productividad entre éstos.
Desde AUGC, Agudo constata que, "aunque han surgido bulos sobre la posibilidad de una negociación en la que se compense a la Guardia Civil a través de otros conceptos por la bajada de sueldo de los funcionarios, no es verdad. Desde el Ministerio del Interior no se han puesto en contacto con nosotros para intentar solucionar las cosas".
En realidad, la decisión del Gobierno de reducir el sueldo a los funcionarios públicos para hacer frente a sus compromisos de déficit no ha hecho más que avivar un conflicto que permanece latente desde hace años. La no homologación de las condiciones de trabajo de la Guardia Civil a las de otros cuerpos de policía promete mantener las heridas abiertas.
Pere Navarro: "Las multas son necesarias"
