La nueva ley de Cajas de Ahorros suma nuevos detractores. Se trata de los catorce sindicatos que se han plantado ante la Comisión Europea para denunciar que el nuevo texto legal favorece la privatización de estas entidades, a la vez que aprecian un agravio comparativo respecto al tratamiento que han recibido otras entidades europeas durante la crisis.
Según ha podido saber este periódico en fuentes sindicales, los integrantes de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) hicieron llegar a principios de esta semana dos recursos a la Comisión Europea en los que advierten de que la ley de cajas aprobada el pasado 9 de julio por el Congreso de los Diputados vulnera los tratados de la Unión Europea. ¿Por qué?
Según argumentan desde el ámbito sindical, el Real Decreto 11/2010 "vulnera los principios de cohesión económica y social". ¿Por qué? Denuncian que al favorecerse la privatización de las cajas, los nuevos dueños buscarán la rentabilidad de sus inversiones sin tener en cuenta el servicio que estas instituciones prestan. Consecuencia: "Muchas cajas desaparecerán de aquellos territorios en los que no son rentables", sostienen.
Otro de los argumentos con el que avalan sus recursos es que en otros países, como Alemania, la Comisión Europea ha autorizado ayudas directas por "miles de millones de euros a su sistema de cajas de ahorros", algo que entienden como un agravio comparativo al no haberse permitido que en nuestro país esas entidades recibieran inyecciones similares de capital.
Con esas cartas, los sindicatos juegan su baza final al solicitar que se paralice de forma inmediata la aplicación del Real Decreto por estimar que la regulación que existe en Europa sobre los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) y las cuotas participativas de las cajas "es muy escasa". Y lo contraponen con el caso español, en el que se han aprovechado esas lagunas para llevar a cabo la reestructuración del sector financiero.
Bruselas responde
Con esos argumentos, las Comisarías de Asuntos Económicos y Monetarios, junto con la de Competencia que dirige el español Joaquín Almunia, ya han respondido a ese petición facilitando a los demandantes "un número de recurso" -según explican las mismas fuentes- en el que se les avanza que serán informados en el momento en el que se inicie la investigación por parte de las autoridades comunitarias.
Los sindicatos españoles se han apoyado, además, en la federación sindical internacional de la Organización Mundial de Trabajadores (OMT), con más de ocho millones de afiliados en todo el mundo, para hacer labor de lobby ante las autoridades comunitarias. Pero éste tan sólo es un paso dentro de una campaña que han iniciado los sindicatos españoles que tienen una representanción en las cajas de ahorros que sitúan en torno al 14 por ciento del total.
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Aprobada con suficiencia la Ley de Cajas
