Arbitraje en alquiler reduce de un año a 4 meses proceso en caso de conflicto

Madrid, 26 jun (EFECOM).- La Asociación Europea de Arbitraje de Derecho de Equidad (AEADE) estima que recurrir al arbitraje en las disputas surgidas entre propietarios e inquilinos disminuye a cuatro meses el tiempo de resolución del conflicto frente al proceso judicial que se puede alargar hasta doce o quince meses.

El ahorro de tiempo es una de las principales ventajas de este mecanismo, según dijo hoy el secretario general de AEADE, Javier Íscar de Hoyos, en un encuentro con la prensa en el que también participaron tres abogados que actúan como árbitros de la asociación.

Uno de ellos, Carlos Jordana, explicó que, junto con la rapidez, el menor coste es otra de las ventajas del arbitraje frente a la vía judicial, con un ahorro que puede llegar a ser del 60 por ciento.

En este sentido, la también abogada y árbitro de AEADE, Isabel Winkels, puso el ejemplo de los casos de desahucio en los que la minuta del abogado "no suele bajar de los 2.000 euros", mientras que en el caso del arbitraje el coste total sería menor de 900 euros, que asume la parte que pierda el proceso.

AEADE es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2004 tras la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje, que ofrece su servicio de arbitraje a través de más de 7.500 empresas, entre las que figuran redes inmobiliarias, agentes de la propiedad inmobiliaria, abogados, empresas, así como administraciones públicas.

Según explicó Jordana, al arbitraje se puede recurrir en el momento en que aparecen los problemas, si bien lo más habitual es que la sumisión de las partes a este mecanismo se haga mediante la suscripción de un convenio arbitral, que se une al contrato de arrendamiento como anexo y que tiene un coste de 40 euros.

Sólo en caso de que surja el conflicto, el demandante tendrá que hacer una provisión de fondos que ronda los 335 euros y que le será devuelta en caso de que gane.

Por su parte, el profesor José Fernando Merino, titular de la Cátedra de Arbitraje de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, apuntó que contra una sentencia cabe recurso, lo que puede alargar todavía más una reclamación por la vía judicial, mientras que un laudo arbitral no se puede impugnar por razones de fondo, sino de forma.

No obstante, ninguno de los 250 laudos emitidos por la AEADE en los últimos tres años ha sido impugnado, explicó Íscar de Hoyos.

El problema, a juicio de los abogados que participaron en el encuentro, es que el tiempo que se ahorra en emitir un laudo (de 23 a 25 días de media) se pierde en la ejecución del mismo, un trámite que tiene que completar necesariamente un juez y que se puede demorar hasta seis meses.

Asimismo, el profesor Merino apuntó que de cara al futuro el principal reto es conseguir que el arbitraje se "democratice", para que pueda llegar a todos los ámbitos de la sociedad y no sólo a los dueños de grandes patrimonios, que son los que tradicionalmente han acudido a esta vía "que se puede aplicar a prácticamente todos los ámbitos del derecho".

Sin embargo, Merino también advirtió del peligro de caer en una "banalización" del arbitraje, de tal manera que los árbitros se crean jueces.

A su juicio, el arbitraje no "trata de privatizar la justicia", sino que supone favorecer una alternativa, que a la larga sirve para "descongestionar los juzgados". EFECOM

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