
El Ministerio de Industria y las asociaciones fotovoltaicas negocian contrareloj. La intención del Gobierno de alcanzar un acuerdo antes de agosto ha llevado a que se produzcan encuentros en el ministerio prácticamente a diario.
En la última reunión celebrada, según indica en una nota enviada a los socios por el secretario de Asif, Enrique Alcor, el ministerio ha mostrado su intención de llevar "a la cárcel" a los responsables del llamado fraude fotovoltaico, es decir, de todas las instalaciones que llegaron tarde a la fecha de corte impuesta por el Real decreto 661/2007. Esta decisión supone para la patronal un gran cambio, ya que en un primer momento el Ejecutivo sólo se mostró dispuesto a identificarlas y corregir su situación.
El ministerio asegura es consciente de que las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias, pero se mostró dispuesto a actuar con firmeza y rapidez para conseguir que los posibles focos de conflicto institucional no eviten que se consigan ahorros a corto plazo.
Entre las propuestas que se han barajado figura la ejecución de los avales de la primera y segunda convocatoria de 2009 que podría reportarle al Gobierno del orden de ahorros por 100 millones de euros.
Propuesta de Industria
El ministerio ha propuesto establecer un mecanismo transitorio de pago diferido a las instalaciones durante los próximos dos o tres años recuperando posteriormente la cesión económica, al igual que a la eólica y la termosolar. De esta forma no se altera la rentabilidad a medio y largo plazo. El Gobierno considera innegociable fijar un límite de horas al derecho de percibir prima. No obstante admite que las que se barajan en el Plan de Energías Renovables (Paner) puedes ser escasa y abre la puerta a negociarlas.
El ministerio quiere también frenar la repotenciación de instalaciones antiguas, aunque aún no ha concretado la forma en la que llevar a cabo esta práctica.
La negociación sigue abierta y las posiciones comienzan a acercarse.