Un ultimátum está para cumplirlo. Eso hizo Telefónica la pasada madrugada tras comprobar que el consejo de administración de Portugal Telecom (PT) no había aceptado en el plazo fijado la oferta por Vivo.
El principal órgano de gobierno del grupo luso analizó durante dos días su estrategia en Brasil y, finalmente, decidió aferrarse a su participación en Vivo como si ésta fuera su tabla de salvación.
En concreto, la principal propuesta del grupo que preside César Alierta consistía en adquirir el 50 por ciento del capital de la sociedad holandesa Brasilcel por 7.150 millones de euros. Dicha sociedad instrumental, participada a partes iguales por Telefónica y PT, es propietaria de las acciones representativas del 60 por ciento de Vivo, principal operador de telefonía móvil de Brasil.
El grupo español difundió a las 5,30 horas de hoy un hecho relevante en el que informaba de que su última oferta había quedado extinguida.
Borrón y cuenta nueva
Dicho lo dicho, a partir de ahora se abre un nuevo capítulo, a modo de borrón y cuenta nueva, pero con unas cicatrices en ambas compañías con las que resultará muy difícil la convivencia.
Por parte de Telefónica, la decisión es contundente. Ha hecho todo lo posible por tomar el control de Vivo, pero se ha encontrado con imponderables que aconsejan tomarse un respiro y cambiar de estrategia. Muchos inversores respirarán de alivio, conscientes de que ninguna agencia de calificación crediticia castigaría el rating de la multinacional española.
La negativa de Sócrates
Como se puso de manifiesto desde el pasado 30 de junio, el gran obstáculo de la operación -y quizá el único insalvable-, fue el Gobierno portugués.
Éste se obcecó en conservar el actual capital de PT en Vivo y ha cumplido su empeño, pese a llevar la contraria al 74 por ciento que respaldó la oferta de Telefónica durante la pasada junta del 30 de junio.
El Ejecutivo que lidera José Sócrates también se enfrentó durante los últimos días a buena parte del consejo, formado entre otros por el Banco Espirito Santo, que desafió al Gobierno luso.
La factura en bolsa de PT
Ahora Portugal Telecom sigue como estaba hace 69 días, cuando Telefónica lanzó su primera opa por Vivo, pero con un desgaste que posiblemente le pasará factura en bolsa. Todo hace pensar que el desplome de la cotización será considerable y que el descalabro podría continuar durante las próximas semanas.
Las disensiones internas, puestas de manifiesto en los dos últimos meses, también complicarán la existencia de una operadora muy presionada por el peso de su deuda.
Portugal Telecom se esforzará en los próximos días en explicar a todos los inversores que su estrategia responde al objetivo de ganar tiempo, ya sea para encontrar acomodo en otra operadora brasileña, como podía ser Oi, o para obligar a Telefónica a plantear otra oferta que resulte de su conveniencia.
En el primer caso, el operador del grupo Brasil Telecom no tiene prisa por abrir su capital a un socio extranjero, por muy buenas relaciones que tenga Sócrates con Lula da Silva, presidente de Brasil. En el segundo caso, el grupo español nunca extendería su alianza de forma paritaria en una compañía integrada por Vivo y Telesp.
Romper la 'joint venture'
Por parte de Telefónica, el grupo dará un par de pasos hacia atrás (posiblemente para tomar impulso) y analizar seriamente un argumento que ya conocen los accionistas de PT: disolver la sociedad acudiendo a una Corte Arbitral en Holanda, país donde está la sede de Brasilcel. Así, rompería la 'joint venture' que comparte con PT como si tratara de un divorcio empresarial.
Lógicamente, el contencioso se prolongará durante muchos meses, con el consecuente perjuicio para los accionistas de PT que verán como se han quedado sin los pingües ingresos que hasta la medianoche de ayer tenían al alcance de la mano.
Rumores de OPA
Los rumores que anticipan un opa sobre Portugal Telecom no tienen consistencia, ya que el Gobierno luso aplicaría idéntico remedio al ejercicio para defender la participación de PT en Vivo.
Además, no sería muy sensato para Telefónica irrumpir por la fuerza de una opa, y con la animadversión del Gobierno, en un mercado tan regulado como el de las telecomunicaciones.