Madrid, 10 jun (EFECOM).- El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente el próximo jueves la reforma de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, con las que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas comunitarias sobre los mercados de electricidad y gas natural.
Estas normas establecen la eliminación de las tarifas reguladas para el gas en 2008, y para electricidad, un año después, aunque los consumidores domésticos podrán acogerse a las denominadas tarifas de último recurso.
La nueva Ley del Sector Eléctrico estipula que a partir de 2009, un año antes de lo previsto, desaparecerá el actual sistema tarifario regulado, para dar paso a las denominadas tarifas de último recurso, a las que sólo podrán acogerse consumidores domésticos y pymes.
Desde el 1 de enero de 2010, únicamente los suministros en baja tensión tendrán la posibilidad de elegir entre tarifa y mercado libre y, a partir de la misma fecha de 2011, sólo los que tengan contratada una potencia inferior a 50 kilovatios.
En cuanto a la Ley del Sector de Hidrocarburos, las tarifas reguladas de gas desaparecerán el 1 de enero de 2008. A partir de esta fecha, todos los usuarios que consuman más de 3 gigavatios deberán pasar al mercado liberalizado, límite que quedará reducido a 1 gigavatio en 2010.
Para facilitar el cambio de proveedor se creará la Oficina de cambios de suministrador, entidad participada por las empresas distribuidoras de gas y electricidad (15 por ciento como máximo cada categoría) y comercializadoras (35 por ciento cada categoría).
El nuevo texto de Hidrocarburos refuerza la independencia del transportista del sistema gasista, Enagás, al limitar al 1 por ciento los derechos políticos de sus accionistas que operan en el sector, precepto que únicamente afecta a Gas Natural.
Las participaciones de los accionistas que tienen actividades en el sector gasista no podrán superar en conjunto el 40 por ciento.
Actualmente, la Ley restringe al 5 por ciento las participaciones (limitación que continuará igual), y los derechos políticos, al 3 por ciento.
La ley también incluye la obligación de que las gasolinas y gasóleos contengan un porcentaje mínimo de biocarburantes a partir de 2009, aunque permite al Gobierno modificar los objetivos fijados o establecer otros adicionales.
Por otro lado, la nueva regulación permite al Gobierno estipular mediante reglamento los motivos por los que las distribuidoras eléctricas pueden negar el acceso a las redes a las compañías comercializadoras, un aspecto que ha originado preocupación en la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El Consejo del regulador energético acordó la semana pasada expresar su preocupación por estos cambios normativos, al considerar "que van en detrimento del principio de libre acceso a terceros a la red, cuestión que es crucial en el proceso de liberalización del sector". EFECOM
apc/rl
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