MADRID (Reuters) - El Gobierno español decidió el jueves congelar el precio de la luz en julio, una decisión consensuada con la oposición que daña a las eléctricas pero le aproxima al ciudadano, y señaló que buscará el consenso político de un Pacto de Estado de Energía para el resto de decisiones energéticas, incluyendo las discutidas primas a las renovables.
"Hemos alcanzado un principio de Pacto de Estado (con el Partido Popular) (...) La voluntad del Gobierno es hacer de la energía un asunto de Estado y con el consenso de las fuerzas políticas y el principal partido de la oposición, lo más rápido posible y sin líneas rojas", dijo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en una rueda de prensa conjunta con el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro.
Como primera medida, Gobierno y oposición acordaron congelar la prevista subida en torno al siete por ciento en la tarifa de la luz a partir de julio, que había despertado malestar entre una población asfixiada por las altas cotas de paro y la subida del IVA también a partir de julio.
La congelación fue rápidamente aplaudida por organizaciones de consumidores y criticada por analistas y por la patronal de las compañías eléctricas, que tendrán que asumir los costes sin poder trasladarlos a las tarifas.
"La decisión va en contra del objetivo del Gobierno de eliminar el déficit de tarifa en 2013. Y, más importante, la congelación de tarifa disminuirá el efectivo recaudado por las eléctricas, aumentarán el déficit de tarifa y presionarán la deuda", dijo UBS en una nota a clientes.
A las 15:20 hora local, las acciones de Iberdrola se dejaban un 3,4 por ciento mientras que Endesa perdía un 1,9 por ciento y Gas Natural se dejaba un 1,32 por ciento, frente a una caída del 1,5 por ciento del Ibex-35.
"La medida es grave", dijo un portavoz de la patronal eléctrica UNESA. "Nos ha producido cierto desconcierto. Pero para poder valorar la trascendencia hay que ver cuáles son los términos del acuerdo".
El Gobierno y el regulador energético (CNE) habían calculado unos costes del sistema eléctrico de más de 6.000 millones de euros en 2010, que se cubrirían con un alza en julio de hasta el 10 por ciento en la tarifa para conectarse a la red.
Las compañías eléctricas asumen la diferencia entre el coste real de generación eléctrica y acceso a la red y la tarifa. La diferencia, el llamado déficit de tarifa, es reconocido por el Estado y devuelto a las compañías, con intereses, a través del recibo de la luz.
El sistema acumula un abultado déficit de tarifa - ronda los 16.000 millones de euros - como resultado de la decisión del Gobierno de fijar unas tarifas insuficientes para cubrir unos costes cada vez más elevados, alimentados en parte por las subvenciones a las energías renovables.
El titular de Industria aseguró que el Estado cumplirá con su compromiso de devolver el déficit pendiente a las compañías.
"El déficit tarifario es algo heredado del pasado y va a ser titulizado y es un derecho reconocido de las eléctricas", dijo Sebastián.
España ha liberalizado su sistema eléctrico, aunque el Gobierno fija algunas tarifas, como la de acceso a la red, y establece la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que pueden acogerse los pequeños consumidores.
APLAZA DECISIONES, RENOVABLES INCLUIDAS
El Gobierno quiere examinar primero en profundidad los costes del sistema energético para después pensar en los ingresos, dijo Sebastián. El Ejecutivo incluirá las decisiones pendientes en materia energética dentro de las negociaciones para el Pacto de Estado de Energía, al que prevé se incorporen todos los grupos políticos.
Las negociaciones versarán sobre el mix energético del país a 2020, el desarrollo de infraestructuras e interconexiones, la revisión de los costes regulados, la eficiencia energética y el futuro nuclear.
Con respecto a la pendiente reforma de la normativa de energías renovables, el Gobierno ha decidido evitar tomar una controvertida decisión en solitario y consensuar "el camino necesario para alcanzar los objetivos de energía renovable necesarios para cumplir los objetivos (de Bruselas) pero de forma sostenible económica y técnicamente".
El Gobierno se había fijado como plazo el 1 de julio para cerrar la reforma del sistema de primas "verdes", que costarán unos 6.300 millones de euros en 2010. Algunas de sus propuestas - como un eventual recorte retroactivo de las primas - había despertado el fantasma de la inseguridad jurídica en España, castigando con fuerza a los valores renovables en bolsa.
El jueves, compañías de energías "verdes" escapaban del castigo del sector con descensos más moderados - del 0,9 por ciento para Acciona - e incluso una subida del 0,7 por ciento para Iberdrola Renovables.
REBAJAR IDEOLOGÍA ANTE LA CRISIS
Montoro señaló que era necesario "rebajar la ideología" para abordar junto con el Gobierno la política energética de España a largo plazo, coincidiendo con Sebastián al subrayar el principio de racionalidad económica de las fuentes de energía.
"Celebramos el acuerdo con el Gobierno que parte de la voluntad de llegar a acuerdos sobre las grandes cuestiones que tenemos todos delante. Estamos viviendo una situación económica difícil y tenemos que dar solución entre todos para salir de esta situación", dijo Montoro.
El PP ha sido hasta el momento muy crítico con las iniciativas del Gobierno para salir de la crisis, como las medidas de austeridad o la reciente reforma laboral.
